Por LUCIO DI MATTEO - Si el conflicto Gobierno–campo escala, amenazando con la virulencia del año pasado por la resolución 125, el oficialismo podría tomar una decisión tan drástica como la estatización de las AFJP. “Si el campo se pone bravo, vamos a nacionalizar el comercio exterior de granos y carnes”, comentó a El Cronista una persona de la máxima confianza de Néstor Kirchner.

“Todo dependerá de la profundidad del conflicto; aunque sería una herramienta formidable para combatir la evasión, subfacturación y ocultamiento”, agregó.

El dato, que este diario confirmó hace unos días, llegó ayer a exportadores, ruralistas y productores en calidad de rumor. La reacción fue de pánico, más aún cuando Carlos Garetto, presidente de Coninagro, recordó que la ministra Débora Giorgi le dijo –aparentemente en broma–: “si no venden el grano, vamos a tener que nacionalizar el comercio”. Anoche, Carbap repudió la iniciativa por entender que sería "un pernicioso retroceso en la actividad comercial y agudizaría el deterioro de precios al productor". A última hora, y a pesar del hermetismo reinante en todo el Gobierno, se supo que en algunas dependencias oficiales trabajaban a toda marcha para redactar una ley sobre el tema.

La semana pasada, la idea que circulaba en el más alto nivel de decisión era esperar a la reunión de la mesa de enlace con Giorgi, a la que finalmente se sumó el ministro de Interior, Florencio Randazzo. Luego de ese encuentro, la sensación de tregua desactivó la posible nacionalización del comercio granario. Pero todo había cambiado nuevamente ayer, por la percepción reinante en la Casa Rosada: que las bases forzarían a la mesa de enlace a un nuevo paro desde el martes próximo, como anticipó ayer El Cronista; y que la comercialización de granos volvería a frenarse nuevamente, afectando la recaudación fiscal.

Para enfrentar la situación, la alternativa que más seduce al oficialismo es centralizar la administración de toda la exportación agrícola en la Oncca. De esta forma, el organismo que hasta hace condujo formalmente –y aún hoy en términos reales– Ricardo Echegaray, no sólo repartiría subsidios sino que tendría además una función recaudatoria. “Se acabó Cargill, Monsanto, Aceitera General Deheza o Dreyfus haciendo lo que quieren. Si tomamos la decisión que estamos evaluando, serán proveedoras del Estado”, se entusiasmó la fuente que anticipó el tema.

La Oncca funcionaría como las viejas juntas nacionales de carnes y granos (ver aparte), que monopolizaban las compras y administración del comercio exterior. Una decisión precipitada por las 9 millones de toneladas de granos sin vender, según la estadística semi-oficial; aunque los ruralistas y algunos analistas afirman que no son más de 6 o 5 millones.

Si finalmente se produce la nacionalización del comercio de granos y carne, el Gobierno dispondrá de un control casi absoluto sobre el dólar. Con una diferencia importante con respecto a la actualidad: no necesitaría comprometer reservas del Banco Central para ejercer el juego de subir o bajar la divisa en el mercado cambiario. Para la cadena agropecuaria, la discusión por las retenciones se volvería extemporánea.