Por: Pablo Wende - La ley de blanqueo podría necesitar correcciones. Fuentes oficiales reconocieron que en realidad la legislación aprobada por el Congreso es incompleta y que sería necesario enviar un nuevo proyecto que la amplíe. Ese texto debería eximir a quienes ingresen al blanqueo del cumplimiento de lo que exige la Ley Penal Cambiaria, algo que no figura en el texto original.

En otras palabras, aquellas personas que enviaron dinero al exterior a partir de 2002 sin manifestarlo cometieron un delito, al violar lo dispuesto por la Ley Penal Cambiaria. El artículo 40 de la norma que dispuso el blanqueo de capitales y la moratoria señala que «ninguna de las disposiciones liberará a las entidades financieras de las obligaciones vinculadas a la prevención del lavado de dinero, excepto respecto de la figura de evasión tributaria». También debería haberse exceptuado a las entidades de informar los casos relacionados con posibles delitos cambiarios.

Tras la salida de la convertibilidad, el Gobierno de Eduardo Duhalde dispuso un férreo esquema de control de cambios, con el objetivo de disminuir la fuga de divisas. Los inversores tenían un límite máximo autorizado para enviar al exterior (muy reducido en un primer momento, por cierto).

Además de cumplir con ese requisito, debían manifestar formalmente la remesa de los fondos. Claro que en los últimos siete años salieron miles de millones sin declarar, por ejemplo utilizando el mecanismo conocido popularmente como «contado con liquidación» (consiste en liquidar bonos o acciones al exterior para conseguir las divisas directamente desde Nueva York).

El olvido oficial y legislativo, implica que hoy las entidades y el Banco Central tienen la obligación de denunciar a todo aquel que manifieste haber entrado fondos que salieron sin declarar del país, al menos si esto se produjo entre 2002 y la actualidad.

Esta suerte de vacío legal enfrenta desde hace varias semanas al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, con el presidente del Central, Martín Redrado. Este último se negó ya hace varias semanas a emitir una comunicación para salvar el inconveniente. El argumento es que hace falta otra ley para que libere a los inversores de cumplir con lo que ordena la Ley Penal Cambiaria.

En un encuentro reciente con un grupo de 50 contadores, Echegaray reconoció que por ahora esta omisión resulta difícil de superar. «Tendríamos que enviar otro proyecto al Congreso, pero en estas condiciones resulta más que difícil conseguir una votación favorable».

Lo insólito es que hace más de dos meses y medio que se aprobó la ley y que desde hace un mes se sabía que ayer era la fecha definida para el arranque del blanqueo, opción que durará hasta el 31 de agosto. Mientras subsista este error, no podrían ingresar en el esquema quienes hayan sacado fondos del país a partir de 2002 sin haberlo manifestado formalmente (se calcula que no salieron menos de u$s 40.000 millones por esta vía).

De esta forma, sólo quienes mantienen dinero en cajas de seguridad en un banco local (o sea que nunca sacaron el dinero del país) o los que sacaron fondos antes de 2002 estarían en condiciones de beneficiarse con el blanqueo.

Otro punto que no fue resuelto está relacionado con la no adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al esquema. Según Echegaray, la AFIP no facilitará la información de los que ingresaron a Rentas de la Ciudad, pero los contadores desconfían. Es un hecho que las listas de los «blanqueadores» no tardará en salir a la luz, sobre todo si se considera que será obligatorio realizar un depósito a dos años de plazo en una entidad del sistema financiero local.

Según reconoció el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri, los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires que entren en el blanqueo deberán pagar Ingresos Brutos por el monto reconocido, lo que encarece significativamente la operación.