Por FERNANDO ALONSO y JUAN CERRUTI - Intensos contactos hubo ayer entre la Casa Rosada y el ala económica del Gobierno. Se consolida un escenario donde la Argentina sufrirá el impacto de la crisis financiera internacional más de lo previsto inicialmente. Se vivió una jornada de tensión en todo el mundo. Y el país no fue la excepción. Aquí la bolsa se desplomó y los bonos también. Hubo mayor demanda de dólares y recrudece la fuga de capitales (ver F&M, tapa).

Tanto en el Ministerio de Economía que conduce Carlos Fernández (de viaje en Europa) como en el Banco Central a cargo de Martín Redrado mantuvieron todo el día informada a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre lo que ocurría. Hay consenso en que lo que viene puede ser peor. Este año no habrá casi fondos provenientes del exterior y preocupa la caja del sector público. La estrategia ante escenario pasa por dos frentes: apuntalar ingresos y congelar gastos.

Para este último punto los Kirchner confían en la habilidad del ministro Carlos Fernández, que ya sacó del fuego a la provincia de Buenos Aires en 2007. Un especialista en el manejo de caja en tiempos turbulentos. La recaudación fiscal de febrero viene en picada (se anuncia entre hoy y mañana). Tuvo un aumento en torno al 13% anual, que en términos reales (descontada la inflación) es casi 0%.

Habrá mayor emisión de bonos a dependencias del sector público. Y se congelarán varias partidas para cuidar la caja al máximo. Buscarán focalizarse en las áreas donde el gasto es más efectivo para impulsar la economía y en particular el consumo, sin perder el rol contracíclico que estos tiempos imponen.

En paralelo, el Gobierno acompañará el deslizamiento ascendente del dólar para mejorar la competitividad, proteger el mercado interno y cuidar las reservas del BCRA. Un dólar más alto permitirá apuntalar la recaudación fiscal por retenciones (que en febrero también fue muy pobre) y poner paños fríos con el campo. Se espera que comiencen a liquidar exportaciones para descomprimir el mercado cambiario.

En el Gobierno creen que hay margen para que el dólar –que ayer cerró a $ 3,62– continúe subiendo gradualmente. El BCRA convalidó el alza. Intervino poco. “Flotación administrada”, como le agrada decir a los funcionarios. Ahora con más “flotación” y menos “administración”.

A partir del fuerte freno que sufrió la economía argentina en los últimos meses –excepto para el Indec, para la mayoría de las consultoras privadas el país está en recesión desde noviembre– la brecha de producción (margen entre el producto potencial y el efectivo) se amplió significativamente. Los stocks que acumularon las empresas y la mayor capacidad ociosa por caída de ventas dan aire para un alza del tipo de cambio sin un traspaso a los precios minoristas tan marcado (pass-throug, en la jerga de los economistas). Es un proceso similar (aunque en menor escala) al que se verificó tras la crisis de 2001 –particularmente entre 2003 y 2005– cuando el tipo de cambio subió porcentualmente bastante más que la inflación y permitió una ganancia de competitividad significativa. La caìda en precio mundial de los commodies agropecuarios (alimentos) tambièn contribuye a contener la inflación interna.

Mientras tanto, la baja en los bonos apuntala la tasa de interés. Se frenan proyectos de inversión y el crédito escasea. Por eso, poner la caja en orden permitirá el Gobierno no tomar fondos en exceso, que en otro caso podrían ir a los privados y quitar así presión sobre la tasa. Se intenta evitar el efecto Crowding Out (desplazamiento de inversión por exceso de gasto público) que padeció la economía en los noventa.

Paralelamente, el Gobierno apura la reapertura del canje de deuda en default. Ayer el jefe de Gabinete, Sergio Massa, estuvo reunido con representantes de los bancos organizadores de la operación (Citibank, Barclays, y DeustcheBank). Buscan renegociar parte de los u$s 30.000 millones en manos de holdouts. Permitiría enviar una buena señal al exterior. En la reunión estuvo Juan Bruchou, el titular del Citibank en la Argentina, quien aseguró que la estatización parcial en EE.UU. no modifica las operaciones en el país.