El gobierno de Brasil anunció ayer un ambicioso plan para construir un millón de viviendas populares para el que ofrecerá u$s 13.500 millones en créditos, en un esfuerzo por impulsar la debilitada economía del país y crear empleos.

El plan crearía unos 700.000 puestos de trabajo hasta el 2011, según datos divulgados por el ministro de Ciudades, Marcio Fortes, y se financiará con aportes presupuestarios y del fondo federal de retiro FGTS.

El ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, dijo que el Plan Nacional de Vivienda será una de las principales medidas anticrisis del Gobierno.

El déficit de viviendas en Brasil asciende hoy a 7,2 millones de unidades y se concentra en grandes centros urbanos, en los que la mayoría de la población habita en precarias construcciones levantadas en áreas de riesgo.

La elaboración del plan fue coordinada por la ministra jefe de la Casa Civil, Dilma Rousseff, posible candidata a la presidencia del país en el 2010 por el Partido de los Trabajadores (PT).

El objetivo del plan serán las familias de renta baja y media, que tienen ingresos de hasta diez veces el salario mínimo, que hoy es de u$s 186.

Dependiendo el ingreso, los préstamos tendrán intereses diferenciales, que no podrán pasar del 6%, y la financiación será en plazos de hasta 10 años.

Al anunciar el plan en la cancillería de Brasilia ante empresarios, legisladores y sindicatos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que el plan “es audaz” y busca al mismo tiempo eliminar el déficit habitacional y combatir los efectos de la crisis global.

“No se preocupen por el dinero, pues el dinero está y queremos gastar ese dinero. Es momento de gastar”, dijo el mandatario en alusión a los fondos que el gobierno destinará al programa.

Para la ejecución del plan, el gobierno se ha propuesto una meta de dos años, aunque Lula enfatizó que “lo más importante no son los plazos”, sino que los gobernadores y alcaldes presenten “proyectos” para la construcción de viviendas “lo más rápido posible”. El mandatario termina su mandato en diciembre de 2010.

Según el presidente, la intención es que “el día 13 de abril se comience a trabajar”.

La previsión del plan, negociado durante cuatro meses con los empresarios y los sindicatos, es construir en terrenos públicos, que actualmente son propiedad de gobiernos regionales o municipios, con los que se negociarán donaciones a cambio del apoyo financiero federal para las obras.

Mantega afirmó que la dimensión del plan es una garantía más de que “Brasil ha sido uno de los últimos países en entrar en la crisis y será uno de los primeros en salir”, una idea que Lula también ha repetido.

El funcionario citó cálculos de la Fundación Getulio Vargas, según los cuales este programa puede crear “hasta un millón y medio de nuevos empleos”, movilizar inversiones totales por unos u$s 24.000 millones y generar un crecimiento superior al 2% del PIB.