Cuando se produjo esta incautación preventiva a principios de mes, Ureta Sáenz Peña dejó trascender que la situación era "dramática" y que había tenido que gastar dinero propio para comprar "lamparitas" para la sede diplomática. Sin compadecerse demasiado por ese gasto personal, en el Gobierno hubo expresiones de disgusto por el "descuido" del embajador y, más aún, ordenaron por escrito al resto de las sedes diplomáticas argentinas en Europa que "extremen los cuidados" para evitar nuevos bloqueos, reduciendo el flujo de fondos en las cuentas diplomáticas.

"La situación para funcionar es especialmente complicada en los países con consulados y numerosos empleados locales", admitió, preocupado, un embajador nacional.

El gobierno francés expresó su disgusto por la vía de la Cancillería y del Ministerio de Justicia por las cuentas congeladas. "Viola las convenciones diplomáticas internacionales", expresaron con énfasis fuentes de la cancillería que conduce Bernard Kouchner.

De inmediato aclararon que no hubo ni habrá intervención ante la Justicia para aliviar esa medida: "Es el gobierno argentino el que tiene que ocuparse de esta cuestión", indicaron, sin perder el tono cordial.

Al respecto, fuentes de la cancillería que conduce Jorge Taiana aclararon que ya hubo una presentación la semana pasada ante la justicia francesa por parte del estudio que representa a la Argentina, que denunció "la violación de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre asuntos consulares".

Mientras se espera una audiencia para resolver la cuestión, fuentes ligadas a Elliott aclararon desde Nueva York que "los bancos e instituciones franceses aún están determinando la cantidad de activos argentinos" que podrían ser embargados. Elliott logró por medio de oficiales de Justicia privados esta incautación preventiva por un valor que en principio se estimó en alrededor de un millón de euros.

Las fuentes de EE.UU. no expresaron sorpresa por la decisión oficial francesa de no intervenir ante la justicia de su país: "No tienen las vías legales para hacerlo", indicaron.

Los ejecutivos de Elliott-NML pasaron en marzo por Buenos Aires para conversar con importantes funcionarios del Gobierno. Allí expresaron su intención de "conversar más que de negociar" para recuperar parte de los US$ 1000 millones que tienen en bonos en default.

En esa sintonía, recomendaron negociar con los abogados que tienen acciones de clase en contra de la Argentina más que con los bancos de inversión con los que el Gobierno venía dialogando desde hacía un año. A diferencia de Dart, el otro fondo buitre que litiga contra la Argentina, Elliott-NML no tiene activos físicos en la Argentina y por esa razón se siente con poder como para negociar un mejor acuerdo, aunque en el Gobierno creen que la iliquidez mundial los dejó en una posición de mayor debilidad. "El peor acuerdo lo cerramos con Vietnam y nos pagaron 87 sobre 100 por cada bono", retrucaron, en tono triunfalista, desde Elliott. Cuando en Buenos Aires dejaron de prestarle atención, Elliott avanzó con el pedido del embargo en Francia, y sentó un fuerte precedente fuera de los Estados Unidos.

A un costado de la disputa, un ejecutivo de otro fondo menos beligerante aclaró desde Manhattan que "la posibilidad de un acuerdo es muy baja, ya que el Gobierno no tiene plata para ofrecer y es mejor esperar a una próxima administración política, más cordial".