Por Javier Blanco - En un intento de frenar la sangría de capitales que produce la renovada desconfianza en la economía local y que le restó al país más de US$ 37.500 millones en apenas dos años, la Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en vigor ayer una norma que procura obstaculizar las operaciones pactadas con activos de cotización pública y cuyo objetivo es sacar divisas del país.

La norma (resolución 544, que complementó anoche el Banco Central con su circular A 4940) introduce un agregado al artículo 8º del Capítulo XXII de la ley sobre prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo que, en los hechos, cierra el camino a las operaciones con Uruguay.

Ocurre que no sólo prohíbe a los agentes locales cerrar operaciones con sujetos "constituidos o que residan en dominios, jurisdicciones o Estados que figuren como paraíso fiscal (lo que alcanza a las sociedades offshore radicadas en el vecino país y a otros 87 destinos identificados internacionalmente como tales, una lista que va de las islas Bermudas y Caimán al principado de Mónaco), sino que además les impide transar con similares que estén bajo la supervisión de organismos que no hayan suscripto convenios de intercambio informativo con su par de la Argentina, es decir, la CNV.

La disposición restringió fuertemente las operaciones con bonos de la deuda (lo que provocó un descenso del 2% en sus precios) y amplió del 1 al 3% la diferencia de precio entre el dólar "oficial", que se negoció a $ 3,721 en el mercado mayorista físico, y el valor que surge de la compra-venta de papeles (conocido como "contado con liqui"), que en la víspera saltó de 3,76 a 3,8150 pesos, lo que refleja que, en principio, la norma ya aumentó el costo para sacar divisas del país. Pero su objetivo es doble: sirve para estrechar el cerco sobre empresas e inversores que usaban esta vía para sacar recursos del país sin declarar, aprovechando una plaza como la uruguaya en la que la ley de lavado de dinero no penaliza la evasión tributaria.

"Es parte de una política que busca evitar la fuga de capitales e intenta que el ahorro local se vuelque a la inversión en el país", explicó a LA NACION el jefe de la CNV, Eduardo Hecker, quien se excusó de opinar si la medida podía causar nuevos cortocircuitos en la relación con Uruguay, aunque reconoció que el organismo que preside no tiene convenio con su par vecino.

En Uruguay la decisión fue recibida con preocupación, mientras los operadores multiplicaron las consultas con sus asesores jurídicos para tener certeza sobre su alcance. Pero varios de ellos reconocieron que mediante ese tipo de operaciones últimamente se canalizaba "mucho dinero". "Eso se ha venido haciendo desde las restricciones dispuestas allí en tiempos del corralito, pero se habían intensificado recientemente por la desconfianza que genera la economía argentina", señalaron. De hecho, los argentinos fueron los más activos compradores de patentes para operar en el mercado bursátil de Uruguay en el último año.

Casualmente, el Senado uruguayo aprobó ayer cambios en sus leyes sobre prevención y control del lavado, para darle más facultades a la policía en el combate de ese delito y agilizar el destino de los bienes incautados. Pero no avanzó sobre lo que pretende la administración Kirchner: que ese país desarticule el secreto bancario y tributario, en vez de dar datos al respecto sólo cuando un juez local los reclama con fundamento.

Con la colaboración de Nelson Fernández (corresponsal en Uruguay)