Unidos. Así se muestran, por ahora, los fabricantes de artículos electrónicos que no están instalados en Tierra del Fuego y los importadores de productos como teléfonos celulares, notebooks y pantallas de LCD, que se verán afectados si se aprueba el proyecto del Ejecutivo, que propone aplicar a esos productos impuestos internos y el IVA al 21 por ciento.

Las cámaras de esos sectores se reunieron la semana pasada para armar un frente común y defender su causa frente a los legisladores que tratarán el proyecto en el Congreso en los próximos días. Allí asistieron representantes de once cámaras empresariales.

"La idea es hablar con quien tengamos que hablar para frenar esto. Hay pedidos de reunión con los legisladores", dijo Gustavo Vilches, presidente de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca). "Cada cámara hizo sus movimientos por separado y ahora unimos posiciones. Hay que ver cómo sigue. Sabemos que en el Ejecutivo no tenemos muchas oportunidades y estamos trabajando con el Poder Legislativo. Si nada funciona, trataremos con el Poder Judicial, buscaremos la forma de que se nos pueda proteger en la Justicia", agregó Bruno Udenio, presidente de la Cámara Argentina de Comercio e Importación de Equipos de Imagen, Fotografía y Electrónica (Cacieife).

Según las cámaras, la norma encarecerá hasta un 34% el precio de los electrónicos y agrandará la brecha digital. A eso se suma también la posibilidad de que aumente el contrabando de importados y se recorten puestos de trabajo de aquellos fabricantes que no están en Tierra del Fuego. Alejandro Díaz, CEO de Amcham (la Cámara de Comercio Argentino-norteamericana), consideró que "si la decisión realmente fuera fomentar la industria nacional, no se hubieran bajado las alícuotas a algunos artículos de Tierra del Fuego, como se hizo justo antes de mandar este proyecto. Dejan afuera al resto del territorio argentino".

En los pasillos de las cámaras ya se sabe sobre grandes marcas de informática que están asegurándose un fabricante en Tierra del Fuego para cuando esté aprobada la ley, algo que muchos dan por descontado.

Al respecto, Alejandro Mayoral, presidente de Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte, que reúne a los fabricantes de Tierra del Fuego), dijo a LA NACION que "las plantas que están montadas pueden incorporar líneas de producción rápidamente. Por caso, la de BGH ya está lista para producir celulares en cuanto se apruebe el proyecto".

"Además también ya vimos proyectos de quienes quieren instalarse en la isla y hoy critican la ley", agregó el directivo, tras destacar que los fabricantes de Tierra del Fuego, "van a mantener los precios e incluso los van a reducir" para el mercado corporativo.

"Y si el problema es el bache que puede registrarse entre la falta de importados y la adaptación de las plantas, no hay mayores inconvenientes. La ley puede salir con un plazo de instrumentación a 90 días hasta que todo esté listo", concluyó.

Mercedes García Bartelt