Por Francisco Olivera - En la espera de una supuesta promesa incumplida de la presidenta Cristina Kirchner, la Unión Industrial Argentina (UIA) perdió ayer la paciencia y cuestionó enérgicamente al Gobierno por lo que juzgó "acciones que atentan contra las exportaciones". Reclamó así, en un comunicado difundido a la prensa, por las demoras en el cobro de reintegros a las ventas externas y devolución del IVA, por la aplicación de una nueva tasa de 14 dólares para el comercio exterior que beneficiará a los camioneros de Hugo Moyano y de cuya legalidad duda, y por la escasez de crédito.

Parte de la extensa reunión que mantuvo ayer el comité ejecutivo de la entidad fabril consistió en estos temas. Fueron tres horas, entre las 12.30 y las 15.30, en las que proliferaron las quejas y, esta vez sí, las coincidencias sobre la necesidad de expresarlas. "Algunas cosas van a quedar para después de las elecciones, pero estos asuntos eran urgentes", contó por la noche el representante de una empresa de capitales nacionales.

Hay además una supuesta promesa que no se cumplió. El 28 de abril pasado, después de una reunión entre Cristina Kirchner y Héctor Méndez, presidente de la UIA, los empresarios difundieron un comunicado que consignaba que la Presidenta se había comprometido a "disponer la agilización de reintegros a las exportaciones y la devolución de IVA para las pymes en el menor tiempo posible". La Presidenta, decía ese texto, "indicó que se destinarán unos 300 millones de pesos para ir resolviendo las deudas que el Estado tiene con las pymes por reintegros a las exportaciones". La UIA le reclama al Gobierno 800 millones de pesos este año por ese concepto, y empresarios del interior juran que los retrasos llegan a seis meses. La Cámara de Exportadores sube la deuda, en la que incluye la devolución del IVA, y habla de 2000 millones de pesos.

El texto de ayer fue lo suficientemente crítico como para esperar los habituales llamados gubernamentales posteriores. "La Unión Industrial Argentina está seriamente preocupada por las persistentes demoras en la percepción de reintegros a las exportaciones y la devolución del IVA, en un marco donde es acuciante la falta de financiamiento". El comunicado es precedido por líneas que contradicen el diagnóstico presidencial sobre la crisis: "En un contexto de caída de la actividad industrial... resulta fundamental evitar la sumatoria de medidas que atenten contra la cada vez más estrecha competitividad de nuestro sector".

No vienen bien, por otra parte, los números de la actividad fabril de abril y mayo. Pesan, en ese sentido, las declaraciones del ministro de Planificación, Julio De Vido, tras el referido encuentro entre Méndez y la Presidenta. "Cristina le contó al amigo Méndez que la recaudación está repuntando levemente y él nos dijo que en la mesa chica de la UIA creen que la crisis ya tocó piso", había dicho el ministro ese día. Aunque el propio Méndez confirmó días atrás a LA NACION esas palabras, algunos dirigentes fabriles están convencidos de que primó más el entusiasmo de De Vido que otra cosa. "En realidad, Don Julio salió hablando y nadie lo quiso contradecir", explicó ayer un miembro de la UIA.

Alimentos, el sector que había atenuado en marzo, con un 17% de alza, la caída industrial porque se lo comparaba con el lapso de 2008 en que despuntaba el conflicto agropecuario, presentará en abril francas disminuciones. Así lo indican datos de 31 cámaras alimenticias.

En el texto de ayer, la UIA se quejó también de la última obligación impuesta desde la Casa Rosada: el pago de 14 dólares por cada contenedor lleno que entre o salga de las terminales portuarias, un canon que deben pagar exportadores e importadores y nutrirá al Instituto Verificador del Transporte para financiar la construcción de una playa de estacionamiento para camiones. "Resulta incomprensible la implementación del Centro del Transporte Multimodal, que busca imponer un cargo de US$ 14 más IVA a los contenedores [...] sin ninguna contraprestación y en un marco donde la Administración General de Puertos no ha aclarado cuál es la norma legal que haga exigible el mismo".

El último párrafo es prácticamente una advertencia. "La imposición de este tipo de acciones atenta contra los constantes esfuerzos que realizan las industrias para mantener el nivel de actividad, sostener los niveles de empleo y mejorar su capacidad de acceso a los mercados internacionales."