Por Javier Blanco - Preocupado por la persistente fuga de capitales y las flaquezas que ya muestra el frente fiscal, el Gobierno comenzó a analizar anoche la posibilidad de desconocer el acuerdo de cooperación e intercambio de información financiera que negoció con sus pares del Mercosur y debía ser suscripto la próxima semana en Asunción, en un intento desesperado por evitar que el bloqueo de las operaciones financieras vía Uruguay, dispuesto hace 10 días por la Comisión Nacional de Valores (CNV), quedara en la nada.

Esta definición surgió luego de que el Banco Central del Uruguay (BCU) difundió sorpresivamente ayer los términos del memorando de entendimiento que se había acordado en el subgrupo de Asuntos Financieros del Mercosur, en tratativas que llevan unos seis meses. Observadores del mercado señalaron que la decisión uruguaya pareció "una devolución de gentilezas" ante la intempestiva determinación argentina de prohibir las operaciones con activos financieros de negociación pública entre los agentes locales y sus pares de la otra costa del Río de la Plata.

"Las autoridades reguladoras de los mercados de valores de los cuatro países del Mercosur firmarán un acuerdo para el intercambio de información, a efectos de asistirse mutuamente con el propósito de imponer y asegurar el cumplimiento de las legislaciones respectivas", señaló el BCU en un comunicado.

"El acuerdo permitirá a un socio solicitarle a otro datos relacionados con valores y productos financieros derivados, bolsas de valores y empresas de compensación y liquidación", detalló, en un intento por dejar a la vista que, cumplido ese trámite, la restricción para operar impuesta por la Argentina perdería sustento.

"El acuerdo no está en condiciones de ser firmado tal como está redactado", adelantaron a LA NACION fuentes de la CNV, que recordaron que la medida adoptada hace 10 días buscó limitar la salida de capitales.

La difusión del memorando tomó por sorpresa a las autoridades argentinas. Después de todo, representantes de nuestro país habían participado del proceso de redacción del acuerdo que ahora se busca desconocer.

Ocurre que el otro "objetivo oficial" que persiguió la resolución 544 del ente supervisor del mercado de capitales (avalada por la Administración Federal de Ingresos Públicos y secundada un día más tarde por una norma del Banco Central) es cerrar una de las grandes vías de elusión fiscal para fortalecer las chances del blanqueo.

La "salida uruguaya" es utilizada por empresas y personas que buscan eludir el pago de impuestos por el diferente tratamiento legal que existe en una y otra plaza (la ley de lavado de dinero de Uruguay no condena penalmente la evasión, pero su par argentina sí) y la protección que obtienen en esa plaza por la vigencia del "secreto bancario".

El problema es que, con esa medida, la Argentina señaló en los hechos a Uruguay como un país que no coopera en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que causó malestar en la autoridades del país vecino, que ayer parecieron tomarse "revancha". Tal vez por eso se negaron a comentar la "filtración" del borrador del acuerdo.

El memorando difundido establece que las autoridades podrán denegar el pedido de datos cuando eso implique contravenir su legislación o regulaciones, al tiempo que se podrá negar la información "por razones de interés público o de un interés nacional fundamental".

De suscribirse, el acuerdo permitiría retomar las operaciones bursátiles entre la Argentina y Uruguay, bloqueadas desde que la CNV prohibió aquellas en que intervengan agentes de mercados de países que no hayan suscripto con ella un convenio para el "intercambio de información financiera".

Con la colaboración de Nelson Fernández (Corresponsal en Uruguay)