Por Santiago Chelala - En términos de John F. Kennedy, el interrogante para el 29-J podría expresarse como sigue: “No preguntes lo que los Kirchner quieren hacer con la economía, sino lo que la economía dejará hacer a los Kirchner”. Las restricciones que impone la crisis internacional y los conflictos locales pendientes son de una envergadura tal que limitarán el margen de acción del matrimonio presidencial para comandar la política económica después de las elecciones.

Con menor holgura fiscal, la creatividad deberá estar a la orden del día para atravesar la crisis con un impacto reducido sobre la actividad y el empleo. Una presión tributaria récord de 32% del PBI dejará poco espacio para aumentar los impuestos.

El plan ‘Aguinaldo Feliz’ previo a los comicios electorales, que incluye elementos diversos como créditos hipotecarios a la clase media, rebajas parciales en las tarifas de gas y financiación de consumo en cuotas con tarjetas de crédito, tendrá un impacto acotado a futuro en el agregado.

No obstante, si la recuperación económica gana terreno, la inflación será uno de los problemas a enfrenar en la segundo semestre cuando se sienta el impacto del aumento de salarios, de tarifas y se acomoden los precios al 20% de devaluación de los últimos doce meses. Hasta el momento, el freno abrupto en las importaciones permitió que el dólar suba con consecuencia escasa sobre los precios.

El conflicto agrario fue un punto de inflexión al que le siguió la quiebra de Lehman Brothers y la estatización de las AFJP. El resultado del cóctel fue una fuerte disminución de la demanda de dinero y una fuga de capitales récord que pusieron en jaque la estabilidad cambiaria. Tras los comicios, es probable que se sumen presiones para devaluar desde un diverso abanico ideológico de políticos y especialistas. El déficit de las provincias, que llegaría a $ 10.000 millones este año, tienta a los gobernadores a licuar sus pasivos en pesos con un alza del tipo de cambio: con la creación del Fondo Federal Solidario, la devaluación se traduce en un incremento de la coparticipación de retenciones a la soja.

Además, elevar el poder de fuego de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para financiar el gasto público puede requerir la venta de activos ilíquidos. La ANSeS heredó inversiones por $ 81.000 millones de las AFJP a los que sumó $ 20.000 millones de ahorro propio generado en la época de bonanza. Sin embargo, las inversiones incluyen $ 50.000 millones en títulos públicos, $ 9.000 millones en préstamos garantizados y Letras del Tesoro y $ 7.500 millones en acciones locales. Todos recursos inhabilitados para hacer política anticíclica sin afectar el mercado de capitales.

Con la billetera más flaca que en diciembre, cuando la reforma previsional se puso en marcha, planes de estímulo ideados por la secretaría de Comercio Interior sucumbieron antes de dar a luz, como el caso de una línea de crédito para la reparación de automóviles, una apuesta audaz que duró apenas 48 horas en el cajón del polémico Guillermo Moreno.

Luego de 77 meses consecutivos de crecimiento, la economía se contrajo entre 1% y 3% en el primer trimestre de 2009, según pronósticos privados. La creación del empleo formal también tuvo en franco deterioro desde comienzos de año y el Gobierno debió subsidiar 78.000 salarios en el sector privado para evitar despidos masivos.

Los más optimistas coinciden en que la crisis financiera mundial llegará a su fin en el tercer trimestre del año, pero las heridas sobre la economía real tardarán en cerrarse. Las empresas seguirán reacias a invertir y contratar personal hasta que se disipe la incertidumbre que en la Argentina tiene tanto de componente doméstico como externo. En suma, demasiadas condiciones a tener en cuenta para pensar en el libre albedrío.