Una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que permite destinar dinero traído al país a través del plan de blanqueo para invertir en medios de comunicación, generó preocupación entre tributaristas y legisladores de la oposición, que ya presentaron un proyecto en el Congreso para rechazarla.

En la resolución general 2609, la AFIP determinó que las personas que busquen "exteriorizar" fondos podrán destinarlos a invertir en "producción televisiva, cinematográfica, editorial, publicitaria, incluyendo las realizadas por cualquier otro medio o soporte audiovisual". También podrán dedicarlos a "inversiones en la industria cultural, así como las destinadas a la adquisición, realización o restauración de obras de arte", según la norma oficial.

De este modo, la AFIP fue un paso más allá de la ley 26.476, que a fines de 2008 legalizó el polémico blanqueo promovido por el Gobierno. En su artículo 27, la ley determinaba la posibilidad de invertir en bienes industriales o servicios, sin brindar ninguna especificación. Ese artículo aclaraba que la única exigencia para realizar la inversión con dinero que estuviera fuera del circuito formal consistía en pagar una "penalidad" del 1% del total blanqueado.

La resolución de la AFIP ya había generado controversia porque borró la exigencia planteada en la ley de colocar el dinero por ser blanqueado en una cuenta bancaria, controlada por el Banco Central.

Para el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, la reglamentación de la AFIP "fomentará el blanqueo inescrupuloso, inclusive más que la propia ley". El legislador nacional dijo a LA NACION que "claramente la reglamentación se extralimitó respecto de la ley que aprobó el Congreso".

En ese argumento se fundamenta el proyecto de ley que esta semana presentó la diputada Silvana Guidici (UCR-ciudad de Buenos Aires), presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, que rechaza la reglamentación, y que acompañaron con sus firmas seis legisladores opositores.

El diputado Pérez, uno de los firmantes, expresó sus dudas sobre la inversión en medios: "En el caso de los medios siempre es preocupante porque podrían utilizar parte del dinero por la corrupción para generar una competencia desleal". De este modo, dio a entender que empresarios cercanos al kirchnerismo podrían beneficiarse con esta polémica norma.

Por su parte, fuentes de la AFIP aclararon a LA NACION que "la reglamentación sólo viene a precisar el vacío que había en la ley en el rubro de las inversiones en el área de servicios". Además, explicaron que la única exigencia para el blanqueo es que la persona que decida participar cumpla con el requisito de ser "argentino y contribuyente ante la AFIP".

De hecho, el régimen que culmina a fin de agosto perdona a quienes estén acusados sin sentencia firme del delito de evasión fiscal si se suman al blanqueo.

Más allá del plano político, tres especialistas privados consultados por LA NACION también coincidieron en expresar, en forma anónima, sus reparos por esta cláusula de blanqueo referida a los medios de comunicación.

"En los últimos meses se han comprado radios, y con esta nueva figura legal se podrían blanquear esas inversiones y comprar más", indicó un reconocido tributarista.

Desde una entidad que agrupa a los contadores también admitieron sus dudas sobre este inciso, "ya sea tanto para la compra de medios como de otros servicios con fondos de origen poco claro o ilícito".

La sentencia final corresponde a un ex funcionario especializado en el control de lucha contra el lavado: "Hay empresarios amigos del poder político que comenzaron a blanquear plata gracias a esta reglamentación, que además va en contra de otras normas oficiales", concluyó.