Por NATALIA DONATO - A una semana de las elecciones legislativas, en las que el kirchnerismo se jugará su gobernabilidad, el Gobierno anunció la reglamentación de la prorrogada ley de Promoción de Inversiones –inicialmente impulsada por Roberto Lavagna– y, al mismo tiempo, la adjudicación de beneficios fiscales correspondientes a la ley anterior para una treintena de proyectos de inversión.

Pero lo que no dijeron la presidenta Cristina Fernández ni la ministra de Producción, Débora Giorgi es que esas iniciativas tienen, en muchos casos, tres años de finalizadas, por lo que los alicientes no van a cumplir con el objetivo para el cual fueron creados. Además, la inflación y la devaluación del peso en torno al 25% entre 2006, cuando se presentaron gran parte de estos proyectos, y la actualidad contribuyeron a que los fondos que adeuda el Estado ya no tienen el mismo valor.

Las empresas que presentaron proyectos para ser beneficiarias de los incentivos –amortización acelerada del capital y/o devolución anticipada del IVA– tenían previsto recibirlos mientras estaban realizando la inversión o, a más tardar, en el curso del año luego de realizado el desembolso. Pero la burocracia propia del Estado, sumado a los varios cambios de ministros de Economía y el desdoblamiento de la cartera en Economía y Producción hicieron que estos beneficios quedaran en el olvido. Hasta ahora, que el Gobierno se encontró en la necesidad de fomentar la inversión a toda costa, por la cercanía electoral, pero fundamentalmente por la fuerte caída en la actividad. Las proyecciones de crecimiento para 2009 indican una disminución en torno al 1%.

Los incentivos contemplados en la ley 25.924, sancionada a fines de 2004 y con vigencia hasta septiembre de 2007 –pero cuyo régimen fue relanzado el año pasado con otra ley y reglamentado recién ahora– incluía dos opciones de beneficios impositivos, contra la presentación de un proyecto: la devolución anticipada del IVA por la compra de maquinaria, que la empresa podía elegir entre acreditarlo para el pago de otros impuestos o cobrarlo en efectivo en el curso de los tres meses, y la amortización acelerada del capital, por el cual las compañías pagarían menos impuesto a las Ganancias durante los primeros años de la inversión.

De acuerdo con un relevamiento realizado por El Cronista en varias de las empresas que acaban de obtener el beneficio –desde el miércoles pasado comenzaron a publicarse las adjudicaciones en el Boletín Oficial–, aunque es mejor recibirlo tarde que nunca, el objetivo de reducir el costo inicial de inversión no fue logrado. En los casos en los que pidieron devolución anticipada de IVA, el efecto de las demoras es más notorio; tenía valor antes de que la empresa comience a recuperar ese impuesto mediante las ventas, ya que cuanto mayor tiempo pasa, menor es el saldo técnico que el Estado tiene que devolver. “Se desnaturalizó la génesis de la iniciativa. Aunque el proyecto de construir el frigorífico nunca estuvo basado en el cobro del beneficio, tuvimos que asumir un costo financiero importante a partir de la demora en los plazos”, aseguraron desde la gerencia de Compañía Italo-Argentina de Alimentos, una de las firmas que fue beneficiada con la devolución de IVA por $ 193.000. “Presentamos el proyecto en diciembre de 2006 y pensamos que, como máximo, cobraríamos al año”, agregó la fuente.

Aceitera General Deheza fue otra de las compañías que resultó adjudicataria del beneficio. En este caso, la empresa presentó tres proyectos de inversión para los cuales pidió la amortización acelerada. “Son todas iniciativas de 2006. Lo que no se amortizó hasta ahora se realizará todo junto”, dijo un directivo de la empresa. El plazo es de 3 a 5 años.

La gran incógnita es qué pasará con la nueva ley, cuando desde la cartera productiva hagan el primer llamado a licitación, ya que el escenario actual es bien distinto del de 2004 para que las empresas decidan invertir.