Por Martín Burbridge - Para muchos funcionarios de EE.UU. y Europa, que los paraísos fiscales estén tirando la toalla en su lucha por proteger el secreto bancario es la señal que marca el fin de una época. Por la severa crisis económica que afecta a todo el mundo, los gobiernos de EE.UU. y la Unión Europea (UE) se ven obligados a buscar fondos extra que les permitan financiar los megapaquetes de ayuda a empresas y particulares. Y los paraísos offshore guardan en sus cofres muchos ahorros de contribuyentes estadounidenses y europeos que evadieron al fisco en sus respectivos países. De ahí que la presión ejercida sobre ellos en estos últimos meses haya sido tan fuerte que ya son varios los que aceptaron levantar el secreto y compartir su información financiera. Pero las exigencias de transparencia no son las mismas para todos, por lo que varios analistas ya comienzan a hablar de ganadores y perdedores en esta batalla.

Uno de los más emblemáticos y que recientemente anunció un cambio importante de estrategia son las Islas Caimán, ubicadas en el Caribe y consideradas durante décadas como el prototipo del paraíso offshore que se enriquece gracias a su opacidad y discreción en materia de administración financiera. Una población de 69.000 caimaneses (similar a la de la ciudad de Luján) administra depósitos por u$s 1 billón, lo que los coloca como quinta plaza financiera mundial. Nadie se quedó afuera de las islas: hay sucursales de 250 bancos internacionales (incluyendo los 40 más grandes) y de 700 aseguradoras, para atender a 85.000 sociedades offshore establecidas allí (10.000 son hedge funds). Pero a pesar de ello, el nuevo gobierno caimanés tomó nota del cambio de tendencia acaecido a partir de la Cumbre del G-20 de Londres en abril de 2009, en la que los principales países anunciaron la creación de una lista negra con aquellos que no cooperaran en materia de información fiscal. El nuevo jefe de gobierno, William McKeeva Bush, realizó una gira por la UE para anunciar la firma de acuerdos con los países miembro que se ajusten a los estándares de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), organismo encargado de establecer la temida lista y de controlar que los acuerdos sobre el levantamiento del secreto bancario se respeten. ‘Si los países firmantes nos solicitan informaciones en el marco de una investigación por fraude o evasión, nosotros las entregaremos sin hacer distinciones entre un delito penal o civil.
El mensaje que enviamos a la comunidad internacional es claro: las personas que utilicen las Islas Caimán para cometer fraude contra el fisco de sus países de origen no estarán más protegidas aquí‘, afirmó el jefe de gobierno caimanés durante su tour europeo, recordando de paso que los evasores no representan el grueso de los ingresos de las islas, sino que son las multinacionales (en un 80% de EE.UU. y un 20% de la UE) las que se benefician de las exenciones fiscales y del expertise financiero de un ejército de miles de contadores y abogados que viven en las islas.

Peor la está pasando Suiza, en su lucha por evitar que el gobierno de EE.UU. la obligue a levantar el secreto bancario para 52.000 clientes del UBS, uno de sus principales entidades financieras. Estos clientes están sospechados de haber evadido impuestos en EE.UU., por lo que el departamento de Justicia y la agencia recaudadora de impuestos (IRS) estadounidenses quieren que se les entreguen los datos de todos los sospechosos. De acuerdo con el semanario alemán NZZ am Sonntag, ya habría 10.000 clientes que se habrían acercado al IRS para blanquear sus ahorros. Pero el 13 de julio, una corte del estado de Florida decidirá si el organismo fiscal tiene derecho a reclamar esos datos. Si falla a favor del IRS, el banco suizo estará obligado a entregar la información so pena de perder su licencia de operación bancaria en EE.UU. y su reputación quedar seriamente afectada.

Un banco que percibió más rápido los cambios es el Crédit Suisse: la entidad le pidió recientemente a sus clientes con acciones de la bolsa de París que la autorizaran a transmitir toda su información financiera a las autoridades francesas. Esta solicitud se da dos semanas después de que Francia y Suiza firmaran un acuerdo fiscal, por lo que se cree que el banco está maniobrando rápido para que no le pase lo mismo que a su colega en EEUU. Aquellos clientes que no deseen que se revele su identidad antes del 1º de septiembre, el banco les avisa que venderá sus acciones al precio del día.

Un paso adelante fue dado por los países de la UE para estrechar el círculo que rodea cada vez más a los paraísos offshore. La semana pasada se llevó a cabo una conferencia especial de la OCDE en Berlín para evaluar las medidas contra la evasión fiscal. ‘En 8 meses hemos avanzado más que en 10 años‘, se felicitó Angel Gurría, secretario general del organismo. Se evaluó la posibilidad de crear un registro de propietarios de sociedades offshore. Y en términos concretos, se decidió castigar con mayores impuestos a las empresas que transfieran ingresos, intereses y dividendos a algún paraíso fiscal, así como eliminar las exenciones impositivas que existan para estas compañías. Prueba de que las cosas avanzan es que la isla de Man (Gran Bretaña) solicitó su adhesión a los nuevos criterios fiscales de la OCDE. En septiembre de este año, el organismo celebrará una cumbre en México donde se presentará un sistema de control y monitoreo de los paraísos offshore, que permitirá publicar anualmente un informe sobre el nivel de transparencia fiscal de cada país.

Pero algunos se quejan de que a medida que estas jurisdicciones van levantando el secreto bancario, surgen otras con ganas de ocupar los lugares vacantes. Es así que países como Kazajistán (en Asia Central) o Ghana (en Africa) podrían convertirse en los paraísos del mañana, gracias a la legislación vigente. Sin embargo, la mayor crítica recae en aquellos países que hoy son los paladines de la lucha contra los paraísos offshore (como EE.UU. y Gran Bretaña), pero que ellos mismos albergan en sus territorios zonas especiales libres de impuestos. El estado de Delaware en EE.UU. y las islas de Jersey y Guernsey (en el Reino Unido) son algunos lugares que por ahora no serán expulsados del paraíso.