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| En 15 días empresarios reactivan los reclamos |
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03/07 - 09:31 Ambito Financiero |
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| | | Luis Pagani, Carlos de la Vega, Carlos Wagner | | | |
Por: Sergio Dattilo - El denominado Grupo de los Siete (G-7), que conforman las principales entidades empresarias de la Argentina, no se reunirá ni emitirá opinión alguna sobre la realidad nacional al menos en la primera quincena de julio. Así lo decidieron los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), ADEBA (bancos nacionales), la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), asociaciones que conforman ese agrupamiento.
«Aunque no nos veamos, los presidentes de las entidades del grupo estamos en contacto permanente, y de esas comunicaciones surgió que lo mejor para este momento es postergar por 15 días esa reunión que, sin dudas, hay que hacer», le dijo a este diario Carlos de la Vega, titular de la CAC (comercio).
«Estamos en una nueva etapa política, y eso no hay quien pueda negarlo. Hace falta diálogo entre todos los sectores, y las entidades empresarias quieren y deben hacer su aporte a esta nueva realidad», agregó Jaime Campos, director ejecutivo y habitual vocero de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que preside Luis Pagani.
«Porque no», respondió De la Vega cuando este diario le preguntó las razones de la postergación de un encuentro que se daba por hecho y había creado grandes expectativas entre los sectores que representan.
Bromas aparte, varios empresarios del G-7 explicaron las verdaderas causas de la «impasse» de 15 días:
«Desensillar hasta que aclare»; los empresarios ven tambaleante al Gobierno de los Kirchner, sin percibir del todo la magnitud de lo sucedido el domingo; «queremos darles tiempo para que acomoden las cargas y después sí, salir con una propuesta concreta que incluso los ayude a modificar el rumbo de algunas políticas que creemos erróneas, como por caso la posición ante el campo», reveló una de las fuentes. Entre esas propuestas estará que se declare terminado el período de excepción, o sea, que se derogue la emergencia económica que da al Ejecutivo prerrogativas sobre la redistribución de partidas presupuestarias aun después de votadas por el Congreso. No es la única cuestión que se planteará, obviamente, pero está entre las prioridades de al menos cinco de las entidades del G-7.
Darse tiempo para que cada entidad elabore un «paper» con propuestas que será llevado a la mesa grande del G-7 cuando se decida concretar el encuentro público (los privados y las llamadas telefónicas no se detendrán, está claro). Cada sector llevará sus inquietudes y problemas, y después se trabajará en un documento común que se elevará al Gobierno con la doble esperanza de ser recibidos por la presidente Cristina de Kirchner y -sobre todo- de ser tenidos en cuenta.
Lo lábil de la situación en el gabinete presidencial hace pensar que lo que se le diga hoy a determinado funcionario podría resultar inútil porque quizás la semana próxima ya haya dejado de serlo. «No hay que apurarse, no es un momento para ponerse ansioso; está todo muy conmocionado en la política y quizás nuestro mensaje no sea escuchado o se mezcle con la pelea por otras cuestiones», explicó un hombre de la UIA que pidió reserva de identidad.
Después de conocidos los resultados electorales del domingo se desató una febril cadena de llamados telefónicos y de encuentros reservados, que incluyeron, además del G-7, a otras agrupaciones sectoriales como la AEA y los restantes miembros de la Mesa de Enlace. En un primer momento, los empresarios pensaron salir a reclamar una mayor atención oficial a los temas que los preocupan, por citar sólo a algunas:
el avance del Estado (léase del Gobierno) sobre la propiedad del sector privado (Aerolíneas, Massuh, etc.) y la siempre inquietante posibilidad de que se imite el modelo del régimen de Hugo Chávez de confiscar empresas;
dificultades para exportar e importar que impone el controvertido secretario de Comercio, Guillermo Moreno;
ausencia de legislación de accidentes de trabajo;
el trato hacia el sector agropecuario;
la posibilidad de tener que enfrentar pedidos de aumentos salariales que resulten imposibles de pagar.
Por ahora, ese reclamo quedó en los escritorios de los equipos técnicos de cada una de las entidades, a la espera del momento más propicio para darlo a conocer.
En este marco, ayer la CAC (construcción) reeligió a Carlos Enrique Wagner como presidente, tal como adelantó este diario el martes. Wagner es uno de los constructores más cercanos al Gobierno de los Kirchner junto con hombres como Cristóbal López o Lázaro Báez, y Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta (Electroingeniería). Ese dato podría haber hecho pensar que sus colegas aprovecharían la ola anti-K que barre el país para defenestrarlo; sin embargo, primó la prudencia y -sobre todo- la «estadodependencia» de un sector en un momento en que la obra privada está casi paralizada. |
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