Como tantas veces ha ocurrido en nuestro pasado, un gobierno que ha quebrado la confianza y que ha provocado desequilibrios en las relaciones económicas, intenta intervenir de diversas formas para bloquear las acciones que surgen espontáneamente en la sociedad para defenderse.

La persistente fuga de capitales es una respuesta a la percepción de un claro deterioro fiscal y al impacto negativo sobre la credibilidad de quienes no han tenido empacho en falsear estadísticas, desconocer deudas, confiscar ahorros jubilatorios, destruir todo incentivo a la inversión y llevar la corrupción a niveles inéditos. La confianza se ha deteriorado fuertemente y toda intervención del Gobierno que apunte a restringir libertades contribuirá a reducirla aún más.

La crisis recesiva que atraviesa el país ha provocado una importante caída de las compras en el exterior de materias primas, maquinarias y servicios. Esto ha hecho posible sostener un superávit comercial a pesar de la simultánea reducción de las exportaciones afectadas por la sequía y por las nefastas políticas oficiales. El balance de divisas sería superavitario y el Banco Central seguramente estaría incrementando sus reservas si no fuera por la fuga de capitales. Sin embargo, esta fuga es persistente y las reservas exponen un largo estancamiento cuando no una ligera declinación.

Como defensa frente al fenómeno, el Gobierno eligió el mal camino de la intervención directa. Una parte de la caída de las importaciones se debe a trabas y prohibiciones recientes decididas en el ámbito oficial, algunas de las cuales colisionan con acuerdos internacionales. En forma reiterada los países del Mercosur han protestado por estas actuaciones que están afectando el comercio regional y destruyendo relaciones trabajosamente desarrolladas durante años. El daño también alcanza a productores argentinos que ven detenidas sus líneas al no poder disponer de algún insumo, muchas veces retenido por la aduana por tiempo indeterminado.

La acción directa del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ha estado seguramente presente también tras el objetivo de controlar la salida de divisas. Han trascendido casos de llamados telefónicos intimidatorios a directivos de empresas y parece evidente la presión sobre las autoridades monetarias para que éstas dispongan medidas que sólo persiguen desalentar la compra de moneda extranjera. Se han introducido límites y requisitos que exceden los razonablemente necesarios por razones de control fiscal o de lavado de dinero. Esta misma percepción alcanza a la más reciente medida de la AFIP sobre verificación previa del status impositivo del comprador de divisas extranjeras.

El avance del control de cambios expande el mercado informal y provoca la aparición del dólar paralelo. Inevitablemente la cotización de éste se alejará de la del dólar oficial y la diferencia se hará tanto más grande cuanto mayor sea el grado de control e intervención. Si esto sucede se crea un incentivo para ennegrecer los mercados, para el contrabando y para otros desvíos que constituirán nuevos espacios para la corrupción y el delito.

Es, por lo tanto, urgente corregir las causas de la fuga de capitales y de la demanda especulativa de moneda extranjera. Deben instrumentarse políticas racionales que pongan énfasis en el control fiscal, el cumplimiento de los compromisos y contratos, el sinceramiento estadístico, y la atracción de inversiones. El retorno de la confianza operará por sí mismo para transformar círculos viciosos en virtuosos y para hacer innecesarias intervenciones directas, discrecionales y dañinas.