Por Horacio Riggi. Editor de Negocios - En la década del noventa, bajo la ley de Convertibilidad, las tarifas que los argentinos pagaban por la luz y por el gas que consumían tenían como variable de ajuste la inflación de los Estados Unidos. Claro, esta situación se daba en un país cuasi dolarizado, y con un déficit fiscal de 12.000 millones de dólares anuales. Es decir, las tarifas eran exorbitantes aunque no lo parecían y la economía una ficción, ya que a simple vista y más allá de cualquier postura ideológica el costo de mantener atado el peso al dólar por 10 años le costó a los argentinos unos u$s 120.000 millones.

Lo bueno de ese modelo, argumentan quienes se encuentran en el mercado energético, es que la Argentina armó una infraestructura capaz de sostener la demanda de luz y gas de un país creciendo a tasas chinas luego de la devaluación. El costo de los 90 lo pagaron no sólo los argentinos sino los extranjeros que se quedaron con los bonos en default.

Pero si se compara la década de los 90 con la que actualmente se transita, no quedan dudas de que en materia energética la Argentina es digna de un país pendular. Lo que antes era caro e injusto ahora es barato pero también está lejos de ser justo.

Fue el propio ex presidente Néstor Kirchner el que tomó como bandera popular fustigar a las privatizadas argumentando los precios siderales pagados durante el gobierno de Carlos Menem.

El discurso de Kirchner sólo era resistido en un principio por los hombres del mercado energético que aseguraban que iban a desaparecer las inversiones si las generadoras eléctricas no podían obtener ganancias. En todo caso coincidían en que las empresas no debían tener las magistrales ganancias de los 90. De ahí a no ganar hay una marcada diferencia.

Dicho de otra forma en ese contexto donde primaba el castigo no se tuvo en cuenta que detrás de la acción elemental que hace cualquier usuario residencial cuando llega a su casa y enciende una luz, existe una infraestructura que está muy lejos de ser mágica. Tal infraestructura se hace con inversión y para que esto suceda las empresas tienen que ganar dinero. De lo contrario, la inversión la hace el Estado, en la Argentina y en cualquier lugar del mundo.

Y en la Argentina el Estado invierte, aunque no necesariamente tal inversión se vuelca a agrandar la base energética. La razón es simple: la mayor parte de la inversión que hace el Estado argentino va a subsidiar a los usuarios residenciales.

Los propios números del Ministerio de Planificación muestran una distorsión abrumadora. Sólo 32.319 usuarios, 0,30% de la demanda total (más de 10 millones), pagan el 100% de lo que realmente cuesta producir la energía eléctrica. Esto es así porque en las facturas de estos usuarios se indica que pagan $ 150 por Mw (costo de la energía basado en un promedio anual). El resto de los usuarios tiene la tarifa subsidiada. Tal así es la situación que las privatizadas a pesar de tener desde hace años las tarifas congeladas no presentan números en rojo. El mal generado por los subsidios mal dispuestos hace que para muchos argentinos pagar baratos los servicios públicos se haya convertido en los últimos años en un derecho adquirido. Ninguno de los que hoy se queja por lo que tiene que pagar por las nuevas facturas saben a ciencia cierta cual es el costo real que tiene la luz o el gas. Es cierto que muchos no podrán hacer frente a los aumentos, también es cierto que muchos que tienen poco pagarán más que otros que tienen mucho, pero lo que es indudable es que una economía sana tiene precios reales y no distorsionados, porque al fin y al cabo los números mandan y alguien paga lo que otro gasta.