A muchas provincias "les queda poco margen" para evitar la emisión de cuasimonedas debido al ahogo fiscal que provoca la centralización de los recursos en la Nación, según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

El trabajo plantea que la agudización de la crisis en las finanzas provinciales desnudó las profundas inconsistencias fiscales acumuladas y denuncia una "involución" en la administración de los recursos públicos.

El gasto público creció más que la economía, de la mano de precios internacionales inéditamente altos, multiplicación de impuestos "distorsivos" y políticas laborales "encarecedoras" de la contratación de mano de obra, destaca IDESA.

"Apenas se aletargó el ciclo de bonanza iniciado en el 2004, se explicitaron los problemas históricos de las provincias. La educación, la salud, la seguridad, la administración de justicia, la asistencia social y las obras de infraestructura están en manos de las provincias y exigen sus finanzas. Solamente con diferencias de matices, prácticamente a la totalidad de las provincias les queda poco margen para evitar la emisión de cuasimonedas", aseguró IDESA.

En ese escenario, los expertos señalan que si bien la crisis se exteriorizó principalmente en las provincias, el problema consiste en la organización de todo el sector público y recomiendan una transformación estructural del Estado, incluyendo una mayor descentralización de los recursos públicos, para superar esa crisis.

"Las finanzas provinciales nuevamente están a un paso de la explosión", advierte el estudio.

Para Idesa, los serios problemas fiscales no son consecuencia del estancamiento de la actividad económica ni de la recaudació, sino la expansión del gasto público que creció  70% en los últimos diez años, lo que equivale a 7,1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Los economistas del instituto alertaron que aunque la crisis se exterioriza en las provincias, su origen en buena medida obedece a decisiones tomadas en el orden nacional y enumera a la "exacerbada" apropiación de recursos fiscales por parte del nivel central y los aumentos salariales estimulados por el Gobierno que inciden directamente en el gasto provincial.