Desde el gobierno bonaerense volvieron a "descartar absolutamente" la posibilidad de emitir cuasimonedas para afrontar la crisis por la falta de fondos y adelantaron que la administración se limitará a desarrollar una política de "austeridad" que consistirá en pagar los gastos mínimos indispensables y postergar obras públicas ya previstas pero aún no licitadas.

Así lo indicó el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, quien por otra parte aseguró que "el gobierno nacional no tiene ningún atraso o deuda con la Provincia".

Arlía, en diálogo con radio Mitre, descartó totalmente la emisión de patacones "por dos razones": primero, porque aseguró que "hay liquidez financiera suficiente", y segundo, porque sostuvo que implicaría un "profundo desconocimiento de acuerdos firmados con todas las provincias que prohiben la emisión de cuasimonedas".

La situación en la provincia. El gobierno bonaerense estuvo la semana pasada a horas de desdoblar el pago de sueldos. La Casa Rosada mantenía trabada una asistencia de 244 millones de pesos, pero el depósito apareció a un paso del precipicio.

A los problemas salariales se les suman un déficit asfixiante (5500 millones de pesos) y las deudas crecientes con los proveedores. Un ejemplo reciente: parte de los empresarios que abastecen a los comedores escolares provinciales anunciaron que harán un paro en los próximos días si no cobran los cuatro meses que les deben. Quejas similares se acumulan en casi todas las áreas.

También resuenan en los ministerios los reclamos de ayuda de los municipios en rojo, que otra vez se preparan para protestar: ahora dicen que "está bajando la coparticipación".

El gobernador Daniel Scioli se cansa de pedir que, por favor, lo dejen emitir un bono en el mercado local para obtener recursos. Ruega que el Gobierno suspenda la ley de responsabilidad fiscal, que prohíbe el financiamiento a las provincias para gastos de funcionamiento.

Asimismo, estudia el lanzamiento de su último paquete fiscal, que incluirá aumentos en el impuesto inmobiliario para 150.000 contribuyentes y nuevos gravámenes a la herencia, a la carga y descarga en los puertos, y a los sellos de compraventa de autos usados.