A 40 días del lanzamiento del plan del ministro de Economía Amado Boudou para trasparentar la situación del Indec, las señales que dejó entrever el Gobierno parecen ratificar la postura de los más escépticos sobre las posibilidades de éxito de la iniciativa oficial. Ayer fue el director Técnico del instituto de estadísticas, Norberto Itzcovich, –designado por Boudou para pilotear el proceso de reforma del organismo– quien públicamente admitió que no se recalculará la inflación de los últimos años, porque podría acarrear problemas legales para el Gobierno. En otras palabras: juicios. En particular de los inversores con bonos indexados por la inflación del Indec.

El reconocimiento del Gobierno de que no revisará los datos de inflación de los últimos dos años y medio llega luego que Boudou anunciara a fines de julio una serie de reformas en el Indec para intentar despejar las dudas sobre las mediciones del organismo. Entre ellas, quizás la más importante, el ministro había asegurado que se revisaría la medición de la inflación en los últimos 10 años (desde 1999 a la fecha), tomando como referencia el denominado “caso Boskin”, mediante el cual en los Estados Unidos se llevó adelante un proceso similar.

Como adelantó ayer en exclusiva El Cronista, Boudou e Itzcovich brindaron una conferencia de prensa para revelar la forma en que el Indec calcula el Indice de Precios al Consumidor (IPC), una metodología que desde su última modificación (abril de 2008) no se conocía de manera completa. Según reconoció Itzcovich, el IPC no se recalculará hacia atrás “para evitar implicancias legales”. El funcionario argumentó que “las recomendaciones internacionales en todo el mundo es que el IPC no se recalcula para atrás”.

“En todas las demás estadísticas, uno puede incluso detectar errores, en otros casos ir agregando información y ajustarla, pero esta (el IPC) es la única estadística en todo el mundo que no se calcula para atrás, justamente por las implicancias legales que puede tener”, dijo Itzcovich. Y precisó que estas “implicancias legales” están determinadas por los ajustes que se hacen sobre la base de la inflación: “en algunos países se ajustan alquileres por algún rubro del IPC, en otros jubilaciones por algún otro rubro del IPC”. Si bien no lo mencionó, en la Argentina lo que se ajusta por IPC son los títulos públicos que por estos días el Gobierno pretende retirar del mercado.

La Argentina tiene actualmente un tercio de su deuda indexada por la inflación oficial. Hay bonos emitidos por u$s 45.000 millones que se actualizan por el IPC del Indec. Por cada punto porcentual de inflación que el Indec no informa, los inversores dejan de percibir u$s 550 millones.

Itzcovich defendió la gestión en el Indec durante el periodo que se señala como intervenido por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y acusó a la administración anterior a enero de 2007 (fecha en que comenzaron las irregularidades) de cometer “inconsistencias” en la medición de la inflación. A modo de ejemplo, mencionó que “se reemplazaban locales de baja gama (que debían tenerse en consideración) por otros de alta gama”, mientras que no se relevaban carnicerías en barrios como Mataderos, Lugano, La Boca o el partido bonaerense de Tigre.

El Gobierno también padece problemas para articular el Consejo Académico, un órgano integrado por los representantes de cinco universidades públicas nacionales (UBA, Tres de Febrero, Mar del Plata, Cuyo y Rosario), que en teoría debería controlar lo actuado por el Indec en los últimos años. En el caso de la UBA, por ejemplo, debe concurrir a las reuniones del Consejo el rector de esta casa de estudios, Rubén Hallú, porque entre los profesores no existe casi especialistas dispuestos a participar del proceso, al que consideran una movida política del Gobierno para lograr respaldo público a costa de la credibilidad de esa universidad.