Por Gustavo Ybarra - El Senado decidió ayer devolver a la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto de ley que grava con impuestos internos los productos tecnológicos fabricados fuera de Tierra del Fuego para dar marcha atrás con una polémica modificación introducida en la Cámara de Diputados.

El escándalo estalló la semana pasada, luego de que fracasó por falta de quórum la sesión en la que el oficialismo pretendía sancionar la ley y tendió un manto de sospecha sobre la actuación del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Gustavo Marconato (PJ-Santa Fe), quien impulsó en pleno recinto un cambio que, según denunció la oposición a partir de un anónimo, beneficiaba a una empresa productora de acondicionadores de aire con un negocio de US$ 30 millones.

El cambio fue desconocido por el Ministerio de Producción, que conduce Débora Giorgi, y así lo hizo saber la semana pasada el presidente del bloque oficialista de la Cámara alta, Miguel Pichetto, quien, por esa razón, ayer pidió el regreso a comisión del proyecto para eliminar el cambio.

Aunque se mantiene en sordina, la actitud de Pichetto provocó un fuerte malestar en la bancada de diputados kirchneristas, quienes prometen insistir en la sanción de la Cámara baja, a contramano de lo que ahora pretenden hacer sus compañeros del Senado.

Hasta el momento, Marconato se ha negado a dar explicaciones públicas sobre el incidente en el que quedó involucrado, luego de que Giorgi desautorizó el cambio que introdujo en el proyecto.

Las únicas voces que se han elevado en defensa del diputado, que tiene a su cargo la conducción del debate del proyecto de ley de radiodifusión del Gobierno, han sido de voceros oficialistas, quienes sostienen que Marconato obedeció instrucciones del Ejecutivo. "Pedimos que el proyecto vuelva a comisión para que se convoque a funcionarios del área de Producción y de Industria", reclamó Pichetto. La moción obtuvo el apoyo de todos los bloques, aunque la oposición pretende "discutir desde cero" la iniciativa, según lo manifestó el jefe de la bancada radical, Ernesto Sanz (Mendoza).

La intención del oficialismo es volver a la redacción con la que el proyecto llegó al Congreso, aunque se mantendrá la exención de las notebooks y netbooks para no perjudicar a las empresas que las producen y están radicadas en Santa Fe.

Así, lo que parecía un simple trámite legislativo se demorará al menos un mes más. La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado sólo se reunirá la semana próxima para analizar el proyecto, por lo que el nuevo dictamen recién estará en condiciones de ser discutido en el recinto dentro de quince días. Pero como el proyecto sufrirá modificaciones, deberá volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados, lo que implicará, como mínimo, un par de semanas más de tratamiento legislativo.

Esta dilación no hace más que complicar al Gobierno, que pretende sancionar esta ley para retener la lealtad de los legisladores del ARI de Tierra del Fuego, que, hasta ahora, han votado alineados con las posturas emanadas de la Casa Rosada. Se trata de votos clave de cara a fin de año y al recambio legislativo de diciembre, sobre todo cuando el Poder Ejecutivo está apostando todo a aprobar una nueva ley de radiodifusión.