Por Martín Kanenguiser - El Gobierno buscará negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una revisión amplia de las cuentas públicas, pero que evite cualquier contacto con los temas y los protagonistas de la política.

Así, tratará de mantener un difícil equilibrio para avanzar en la regularización de la deuda en default, eludiendo el escozor causado por las misiones realizadas en el pasado por los auditores del Fondo.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron a LA NACION que la delegación que participará de la asamblea del FMI y el Banco Mundial, a principios de octubre en Turquía, intentará arribar a un acuerdo para anunciar la puesta en marcha de un artículo IV "acotado".

Ese es el límite consensuado políticamente con los máximos referentes del oficialismo, aclararon.

"Un monitoreo económico es aceptable, pero no más", se indicó.

De este modo, se convalidaría un examen como hace el resto de los países que integran el FMI respecto de la evolución del PBI, el frente fiscal, la política de administración del tipo de cambio y los mecanismos para frenar la suba de los precios.

En ese plano se aceptarían las duras críticas que suelen hacer los técnicos del organismo en la mayoría de los países que auditan y que en la Argentina no se realizan desde 2006, cuando empezó la manipulación de las estadísticas oficiales.

Cabe esperar en ese sentido que si una misión llega a fines de este año o principios del próximo, se vuelva a cuestionar la política de control de precios y su reclamo de que se salden las deudas que se mantienen impagas desde 2001.

En particular, seguramente se resaltará la falta de incentivos para la inversión en la energía y los otros "cuellos de botella", como lo indicó hace un mes aquí el jefe regional de auditores, Nicolás Eyzaguirre.

Pero hay dos aspectos que se quieren evitar a toda costa:

En este sentido, el ministro de Economía, Amado Boudou, ya había adelantado públicamente que "el Gobierno no quiere a un auditor del Fondo que reciba gente desde un hotel en la zona de Retiro como si fuera un representante de un emperador".

La imagen que más ruido provoca es la del predecesor de Eyzaguirre, el indio Anoop Singh, que en 2002 hasta hizo una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para expresar sus críticas a la política económica, con mucho énfasis en temas delicados como la ley de quiebras y de subversión económica.

Más aún, Singh terminó recomendando al directorio del Fondo que no aprobara un acuerdo de refinanciación de la deuda con la Argentina, que pudo salir finalmente por la colaboración política de EE.UU.

Y aunque Eyzaguirre no es Singh ni el FMI actual tiene la misma ferocidad que aquél, en Economía mantienen cierta desconfianza y esperan que el jefe del Fondo, Dominique Strauss-Kahn, intervenga para acercar a ambas partes.

El endulzante para pedir esta gestión es que la Argentina no le pedirá recursos al Fondo. "No pasa políticamente", aclararon las fuentes oficiales, en referencia al desgaste para negociar un programa, aun cuando sea más "flexible", como los que tienen México y Colombia.

En cambio, el objetivo, tal como expresó Boudou, es tener un "sello" que le permita renegociar con el Club de París la deuda de casi US$ 7900 millones para poder destrabar créditos de los países acreedores destinados a financiar inversiones y la importación de bienes de capital.

En ese sentido, se ofrecería un pago inicial cercano a los US$ 400 millones y luego un plan de regularización en cinco años, con un modelo parecido al acordado con España por la deuda bilateral de US$ 1000 millones contraída en 2001.

En forma paralela, esa bendición técnica del Fondo permitiría cerrar en términos más convenientes para el país el canje para los bonistas que siguen en default, con una oferta peor que la del canje de 2005.

En Economía afirman que, salvo los fondos buitres, la mayoría de los inversores institucionales aceptaría esa propuesta, para contar con títulos que tengan liquidez tras no haber cobrado por ocho años.

La cuenta que hacen es que si sumaran dos tercios de la deuda que sigue en default, el porcentaje del 76% alcanzado en 2005 se estiraría al 90% y podrían destrabarse los embargos en el exterior, allanando el camino para volver a emitir deuda en los mercados voluntarios.

Piden más poder en el Banco Mundial

• En una reunión desarrollada en Washington, Roberto Feletti, secretario de Política Económica, defendió la posición de la Argentina de igualar la representación de los países en desarrollo y desarrollados en el directorio del Banco Mundial. "Como mínimo debe llegarse a un escenario de 50% y 50% en el poder de voto entre el grupo de países en desarrollo y desarrollados", afirmó Feletti, tras participar del Comité para el Desarrollo del Banco Mundial. Actualmente, los países en desarrollo tienen un 44% del total en la entidad que lidera Robert Zoellick.

• Por el otro, que los economistas extranjeros intercambien puntos de vista en Buenos Aires con políticos o analistas de la oposición.

• Por un lado, que haya un examen sobre "políticas internas" (límites a la rentabilidad empresarial y relación con los gremios, entre otros).