A una semana de iniciarse la cumbre anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la Argentina ya no tiene margen para extender el doble discurso. La propia Cristina Kirchner se encargó esta semana de convalidar la decisión, nunca anunciada hasta ahora, de que se habilitará la revisión anual que estipula el Artículo 4º. “Todos los países miembros (del organismo de crédito) cumplen con esta instancia, inclusive Venezuela”, reafirmó la jefa de Estado.

Durante la cumbre del G-20 realizada en Pittsburgh, el gobierno argentino dejó en claro que la normalización financiera en marcha iba a contemplar algún tipo de entendimiento con el Fondo, pero descartó que eso implicara activar algún programa de financiamiento. Incluso Amado Boudou, antes de tomar contacto con la ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, señaló que el país apostaba a avanzar con el Club de París sin pasar por el FMI.

La asamblea anual que se llevará a cabo el 3 y 4 de octubre en Estambul, capital de Turquía, se constituirá en una instancia definitiva. El gobierno argentino no podrá dilatar más las conversaciones para alcanzar un acuerdo que fue convertido en el último eslabón de una cadena para volver a los mercados internacionales (pese a que muchos inversores, dirigentes empresarios y analistas consideraban que debía ser el primero).

Mucho menos después de la declaración que la Presidenta firmó junto a sus colegas del G-20, en la que habilitó al organismo a tener un rol más activo en la evaluación de las políticas aplicadas por los miembros del grupo. “Pedimos al FMI para que ayuden a nuestros ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales en este proceso de evaluación mutua, mediante el desarrollo de un análisis prospectivo, para determinar si las políticas aplicadas por cada país del G-20 son coherentes con las trayectorias más sostenible y equilibradas para la economía mundial”, se planteó en el documento.

Cristina Kirchner reiteró durante su paso por la cumbre de presidentes de Africa y Sudamérica que no no hay acercamiento a la vista con el Fondo. Pero luego tuvo que reconocer que “a nosotros nos contempla, como a todos, el artículo 4º”. Tanto la firma del documento del G-20 como el hecho de haber recibido u$s 2.500 millones por la reciente capitalización de la entidad, no le dejan muchas alternativas.

La apuesta oficial es pactar la entrega de toda la información prevista para evaluar el desempeño de la economía, con la condición de que sea utilizada como un informe interno para el directorio. Eso le permitirá avanzar, en paralelo, con las discusiones técnicas con el Club de París y los holdouts.