Por DOLORES OLVEIRA - Los argentinos tendrán menos posibilidades de ocultar patrimonio en paraísos fiscales, ya que la AFIP firmará acuerdos de intercambio de información con varios de esos países de baja o nula tributación, que se ven obligados a facilitar información por la presión del G-20.

Ricardo Echegaray, titular del organismo, dijo que tiene detectados grandes empresas o fideicomisos de contribuyentes locales que declaran escaso capital en el país pero mueven mucho dinero desde esos lugares.

El Gobierno busca que en dos meses se pueda intercambiar información fiscal con países en los que, de acuerdo a la información que la AFIP cruza con el Banco Central, hay bancos que giran divisas desde el exterior hacia algunas grandes empresas argentinas. Estarían en la mira 2.500 firmas exportadoras y algunas personas físicas con capitales importantes.

Echegaray informó ayer que se firmó un acuerdo de intercambio de información fiscal con el Principado de Mónaco, y añadió que el próximo 26 de octubre se suscribirá uno similar con el Principado de Andorra. En noviembre, se celebrarán convenios con la Guardia de Finanzas Italiana y San Marino, y en diciembre, con Jersey y Antillas Holandesas.

En tanto, se negocian tratados con Islas Vírgenes y Gibraltar, donde sólo falta definir cómo considerar el reconocimiento de territorio y gobierno de esta colonia británica.

Según Echegaray, Islas Caimán ha mostrado predisposición de intercambiar información fiscal de compañías, bancos y fideicomisos creados en su territorio, mientras que la AFIP está buscando un acuerdo con Liechtenstein.

Al ser consultado sobre Uruguay, el titular de la AFIP dijo que hay un impasse debido al proceso electoral y que en 2010 se volverá a intentar una negociación con el país vecino.

Echegaray dijo que estas nuevas políticas de los países de baja o nula tributación responden a que el eje de decisiones del G-20 pasa por la lucha contra la opacidad y por la transparencia en el comercio y las finanzas mundiales, con la creación de un Foro de Transparencia al que se ha invitado a países de la OCDE y a otros que no pertenecen a ese grupo.

Añadió que se va a hacer una revisión integral de la política de planificación fiscal de las empresas que están en la mira y, si hace falta, se iniciarán investigaciones. Sin embargo, los especialistas relativizaron que esto sea posible.

Rodolfo Canese, de la consultora KPMG, dijo que la AFIP sólo podrá requerir información en el marco de una investigación sobre presunta evasión y con sospechas fundadas, y no sobre cualquier residente de Argentina que tenga una sociedad o fideicomiso en un paraíso fiscal, o que triangule a través de esos países el pago de sus exportaciones.

Juan Carlos Nicolini, del estudio Damonte, Nicolini & Bertazza, dijo que efectivamente estos tratados van a dar menos posibilidad de ocultar patrimonio en esos países a los contribuyentes locales. Sin embargo, aclaró que las respuestas a las preguntas de AFIP, según los modelos de acuerdo de la OCDE, se ofrecerán “en la medida en que no vulneren otras disposición del país”. En el caso del secreto bancario, en la mayoría de los países sólo puede levantarse a pedido de un juez en causas penales o de familia.

De todos modos, los acuerdos levantan el velo de la información fiscal con el requisito de la confidencialidad de la información entre las administraciones tributarias.

Echegaray dijo que los acuerdos permitirán requerir también información sobre titularidad de compañías o sociedades, pero Nicolini explicó que una limitación es que en los paraísos fiscales las acciones son al portador y en muchos casos la autoridad fiscal sólo va a poder decir que se presentó a cobrar un banco a nombre de clientes.