Por MATÍAS BONELLI - El Gobierno pretende oficializar una de las tantas funciones que cumple hoy el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Acostumbrado a dictaminar por cuenta propia qué medicamentos pueden subir sus valores, y cuánto, el polémico funcionario podría delegar esa función en la Comisión Nacional de Regulación de Precios, un organismo que vería la luz si prospera en el Congreso un proyecto de ley que impulsa la diputada Patricia Vaca Narvaja, del Frente para la Victoria y una de las funcionarias más allegadas al matrimonio Kirchner. El nuevo ente estaría integrado por los ministerios de Salud, Producción y Economía.

De acuerdo con el borrador de la iniciativa –al que tuvo acceso El Cronista– la ley “tiene por objeto establecer la regulación de precios de todo producto farmacéutico obtenido o elaborado con fines curativos, sintomáticos o preventivos”. Además, en su primer artículo considera a los medicamentos como “un bien social” y sostiene que se debe “asegurar su acceso a toda la población”.

Según explicaron quienes participaron del armado de este proyecto, “ningún eslabón de la cadena de medicamentos” quedará fuera de esta norma. Es que en caso de que se apruebe, también deberían atenerse a las nuevas reglas desde los propios laboratorios, pasando por las droguerías, las distribuidoras y hasta los representantes de las compañías del sector. Todos ellos se deberán inscribir en el Registro Nacional que se crearía con esta ley.

El mecanismo que impondría esta normativa –que tendría alcance nacional– marcará que aquellos que pretendan introducir al mercado local un medicamento nuevo (ya sea como productor o como importador) deberán solicitar antes autorización a la Comisión.

Por otra parte, el artículo 7 del proyecto sostiene que en caso de que saque a la venta un relanzamiento de un remedio –ya sea con el cambio de la fórmula, el agregado de componentes o nuevas presentaciones–, ese organismo lo marcará con el precio de la droga original, a menos que se compruebe que tiene ventajas terapéuticas, justificando un mayor costo.

En cuanto a las sanciones para quienes no cumplan con lo pautado en esta ley, el artículo 9 prevé tres variantes: el apercibimiento, multas de $ 100 a $ 5 millones, y la cancelación de la inscripción en el registro.

Según explicó a El Cronista Roberto Sorsoli, jefe de asesores de Vaca Narvaja y uno de los redactores de este proyecto de ley, los medicamentos que ya circulan en el mercado también entran en las generales de este nuevo marco legal.

“Todos se deberán inscribir en el registro. Y si la comisión reguladora determina que algunos de los remedios ya en uso tiene un precio excesivo, se revisará su valor. Esto, sin embargo, no se pondrá en la ley, aunque sí se explicitará en la reglamentación”, afirmó Sorsoli.

Si bien el proyecto recién da sus primeros pasos en el Congreso –fue presentado la semana pasada en la Cámara de Diputados– el aval con el que cuenta es fuerte. Lleva la firma del diputado kirchnerista Agustín Rossi, para muchos toda un garantía de que tendrá el camino más allanado para convertirse en ley. Además, adhirieron a la iniciativa Patricia Fadel, Adela Segarra y Roxana Bertone, todas del Frente para la Victoria. Ahora se deberá exponer ante las comisiones de Salud y Defensa del Consumidor.

En los laboratorios muestran preocupación por esta iniciativa por lo que preparan reuniones con distintos diputados que tendrán a cargo la discusión de la iniciativa oficial.