Por: Rubén Rabanal - El tiempo parece haber terminado en el Congreso para debatir una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Pública sin que el Ejecutivo, esta vez, pidiera la votación. Para el Gobierno, resignar la Emergencia implicará no contar ya con poder absoluto para renegociar contratos con empresas de servicios públicos, ceder toda facultad para disponer en el futuro modificaciones por decreto a la situación de la deuda pública y hasta el poder para regular cualquier aspecto de la economía. De todas estas facultades, igualmente, la que aún tendría uso para la Presidente es la de decidir cambios y renegociar tarifas, como lo hizo el año pasado con el polémico decreto que dispuso la reducción de subsidios en gas y electricidad, que debió suspenderse no bien se implementó en el pasado invierno, pero cuyos efectos ya comenzaron a aplicarse.

Quizás esa decisión de avanzar en la reducción de subsidios a los servicios públicos -el próximo tramo será el transporte urbano de pasajeros- terminó justificando la renuncia a los poderes de la Emergencia Pública.

Pero lo cierto es que esa cesión siempre fue una bandera para Cristina de Kirchner: en dos ocasiones se retiró de su banca en el Senado cuando ese cuerpo se disponía a renovarle la Emergencia Pública a su marido. Lo hizo, de todas formas, sabiendo que no ponía en peligro la votación.

Pero ya el año pasado, en la última votación que renovó la Emergencia hasta el 31 de diciembre de este año, comenzaron a aparecer problemas también en el bloque oficialista: muchos de los diputados y senadores se negaban a votar una declaración de emergencia que contradecía los propios anuncios de bonanza del Gobierno. Hasta Agustín Rossi, presidente de la bancada oficialista, llegó a reconocer que ése podía ser el último año en prorrogarla.

Así, no es extraño que Cristina de Kirchner haya dudado sobre renovar esos poderes que la Casa Rosada tiene desde el 6 de enero de 2002, cuando Eduardo Duhalde le pidió al Congreso la declaración de la Emergencia Pública para, entre otras cosas, disponer la salida del régimen de convertibilidad.

En ese momento, se sancionó el estado de emergencia en «materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria». Es la misma norma que derogó algunos artículos de la Ley de Convertibilidad y le dio a la Presidencia la facultad de establecer el tipo de cambio.

La emergencia le permitió a Duhalde dictar todos los decretos sobre pesificación después de la salida de la convertibilidad, y hasta creó las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos.

A pesar de que la totalidad de la ley se siguió prorrogando hasta diciembre de este año, la facultad más importante que el Gobierno continuó ejerciendo fue la de renegociar contratos y tarifas con empresas de servicios públicos privatizadas sin pasar por una autorización previa del Congreso.

Así, en el artículo 9 la ley estableció: «Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando éstos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas».

La reglamentación estableció luego el procedimiento para la renegociación de los contratos que contaba con una instancia final en el Congreso, pero una vez que éstos ya estuvieran acordados.

Ahora, con el vencimiento de la Ley de Emergencia Pública ese mecanismo desaparecerá y el esquema de contratos de concesión con las empresas de servicios públicos volvería al comienzo, en muchos casos, en las condiciones que se firmaron en la década del 90.

Canje de deuda

La Emergencia fue también la ley que habilitó al Gobierno para disponer el canje de deuda en 2005, facultad que continuó ahora para disponer el nuevo canje con los holdouts, pero que no alcanzó para suspender la «ley cerrojo» (como pidió ahora Cristina de Kirchner) que entonces aprobó el Congreso.

Y contó también con un artículo que en 2002 hizo poner los pelos de punta a comerciantes e industriales: «Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica». Fue el límite más lejano en la intervención de la economía que dispuso Duhalde. De todos esos poderes, quizás el más conocido a nivel popular fue la Emergencia laboral. Por la misma ley, el Gobierno suspendió por 180 días (que luego se prorrogaron por años) todos los despidos sin causa. La penalidad para los empresarios que no la cumplieran fue la doble indemnización, que luego fue disminuyéndose por decreto hasta que Néstor Kirchner la eliminó definitivamente.