La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley, sin debate y en un trámite rápido, el proyecto que busca promover la producción de artículos electrónicos en la provincia de Tierra del Fuego. Se trata de la llamada ley de impuestos internos, que sube los gravámenes para los productos electrónicos importados y los producidos fuera de ese distrito patagónico.

La iniciativa elimina la exención de impuestos internos (26%) y duplica el IVA (del 10,5 al 21%) a un listado de productos electrónicos e informáticos que no se fabriquen o ensamblen en Tierra del Fuego, entre ellos, celulares, cámaras de fotos digitales y de video, equipos de GPS, monitores, heladeras y congeladores, calentadores y estufas eléctricas, televisores y microondas.

Según los importadores, los precios de esos productos podrían aumentar hasta un 35 por ciento. Los fabricantes fueguinos, en cambio, vaticinan inversiones que permitirían la creación de 1200 puestos de trabajo directos y 4000 indirectos.

La razón de la celeridad del trámite en la Cámara baja se debió a que, en realidad, lo que se trató fue el proyecto revisado por el Senado, luego de que se modificara un polémico artículo propuesto por el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, el kirchnerista santafecino Gustavo Marconato. Ese artículo derivó en un principio de escándalo cuando se supo que la modificación que planteó significaba un beneficio económico para una sola empresa fabricante de equipos de aire acondicionado de tamaño industrial (BGH).

La ley recibió ayer 126 votos positivos, 7 negativos y 54 abstenciones de distintos bloques que con anterioridad habían votado en contra, pero que ahora no quisieron avalar ninguna de las dos versiones de la ley, ni la de Diputados ni la revisión del Senado. Entre ellos estuvieron Pro, el peronismo disidente y el socialismo.

Giorgi, satisfecha

La ministra de Industria y Turismo, Débora Giorgi, expresó su satisfacción por la aprobación del proyecto. "Esta ley marca el renacer tecnológico de nuestro país, se acaba de aprobar una herramienta fundamental para la creación de trabajo argentino, la sustitución de las importaciones y la generación de valor agregado", sostuvo Giorgi.

Mediante un comunicado, agregó que "es un instrumento que profundiza el proceso de reindustrialización de la Argentina que se viene registrando en los últimos años". Y señaló que "es incomprensible que en un país que tiene 40 millones de aparatos de telefonía móvil, el segundo en cantidad de usuarios de América latina, no tenga la capacidad de producirlos localmente".

Giorgi aclaró que la flamante ley no pone impuestos a las computadoras de escritorio, a las notebooks ni a las netbooks.

Según el comunicado de Industria, el año pasado salieron del país 1300 millones de dólares por importación de celulares, y si se toma la totalidad de productos electrónicos involucrados en la ley, la cifra llega a los 2300 millones. Además, estimó que permitirá que se concreten inversiones por 300 millones de dólares.

La aprobación de la norma también fue celebrada por el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), Alejandro Mayoral, que vaticinó que la ley "abrirá las puertas a un polo tecnológico en Argentina como ya disponen los competidores del país en otras zonas".

Durante los debates legislativos, los importadores y comercializadores de productos electrónicos habían presentado una fuerte resistencia al proyecto, al que tacharon de "impuestazo tecnológico". También algunas ligas de consumidores se oponen al alza impositiva, en particular en los teléfonos móviles, ya que entienden que estos aparatos no pueden ser considerados como "bienes de lujo", tal como lo entiende la norma.