Por JULIÁN GUARINO - La que constituye una de las principales formas para evitar que una crisis empresaria se profundice o bien se torne irreversible –Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE)– y que posibilita la continuidad de las operaciones de la compañía en problemas financieros, ahora pasaría a un segundo plano en el abanico de herramientas con que cuenta la compañía en momentos de crisis, si éste involucra activos con oferta pública.

En rigor, la gente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya trabaja para presentar un proyecto al ministerio de Economía con el fin de excluir a los Valores de Corto Plazo (VCP), Obligaciones Negociables (ON) o cualquier otra forma de emisión de deuda, del marco jurídico que le permite a la compañía integrarlo a su propuesta de reestructuración, siempre que esas emisiones hayan sido ofrecidas públicamente a potenciales inversores.

El caso por antonomasia son las obligaciones negociables, que son emisiones de deuda de las compañías en el mercado de capitales a mediano y largo plazo y que son ofrecidas a los inversores con el fin de generar recursos para la empresa. “En muchos casos, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial genera un proceso asimétrico, donde las empresas deciden incorporar toda suerte de activos con oferta pública, lo que no resulta justo para el inversor minorista que ha depositado sus ahorros en ese activo”, señaló una alta fuente de la CNV. Según trascendió, la intención de los equipos técnicos de la CNV eleven una propuesta para que se “revise, modifique y excluya” la posibilidad de que se hagan reestructuraciones de emisiones de deuda dentro de los APE.

Se me ocurrió algo

La inquietud de la CNV tomó fuerza a partir del caso de Transportadora de Gas del Norte (TGN), que en diciembre de 2008 fue intervenida por el Gobierno (Enargas) cuando se declaró en cesación de pagos, situación que se mantiene a la fecha. La intención de la compañía sigue siendo saldar sus u$s 347,3 millones en default. Incluso esta semana, la firma informó a la CNV que el nivel de aceptación de la oferta –realizada dentro del APE– en marcha ya alcanza 72,58%.

“En el caso TGN se perjudica sensiblemente las acreencias del Estado al tiempo que no se toma en cuenta el interés del inversor minorista”, dijo la CNV.

En la city, varios referentes del mercado prefirieron llamarse a silencio y esperar la avanzada. Un director de una sociedad de bolsa tradicional de la city señaló que “el APE fue el sistema ideado y utilizado en la práctica para refinanciar, muy especialmente, el pasivo financiero en moneda extranjera y no pesificado, que fuera instrumentado mediante la emisión de obligaciones durante la década pasada” y que “ahora no sería extraño que comiencen cambios”.

Sin embargo, desde sectores más radicales, salieron al cruce. “Esto impactará en forma negativa en el crecimiento del mercado; no se puede esperar que volviendo más complejas las condiciones para que un empresario decida cotizar sus valores y cree cultura inversora”.

Hace una semana, un importante sector de la misma CNV, sostuvo su intención de avanzar en la modificación de la Ley 17.811 que regula los mercados y bolsas del país. Fuentes de la entidad señalaron en esa oportunidad que veían con buenos ojos la inclusión de la modificación de la Ley citada en el paquete más amplio que desde el kirchnerismo, había trascendido, se buscaría con la modificación de la Ley de entidades.