Hace poco más de un mes el Banco Central (BCRA) emitió una circular –comunicación “A” 4.981– que pone en peligro la vigencia de algunas oficinas de representación de bancos extranjeros –conocidas en la jerga como Rep. Office– que operan en la Argentina.

La normativa apunta a regular la actividad de estas entidades, que no pueden funcionar como bancos comerciales ni de banca privada y sólo actúan como intermediarios entre sus casas matrices y clientes locales, por lo general empresas.

La norma alcanza a cerca de 45 entidades registradas en el BCRA (que van desde instituciones de primera línea internacional como Wachovia hasta otras más pequeñas como Bank Leu) y marca un plazo de 180 días para que se adapten o de lo contrario deberán cerrar sus puertas y levantar campamento para fines de abril de 2010.

Lo que busca el Central es delimitar su acción, debido a que la sospecha oficial apunta a que estas instituciones realizan operaciones que les están prohibidas como la apertura de cuentas en el extranjero, por caso.

En las entidades se sembró un clima de preocupación. Según trascendió, un grupo de ellas elevó sus inquietudes al organismo de Martín Redrado, básicamente sobre tres puntos de la resolución, que según entienden, traerían consecuencias “serias” en su operatoria a punto tal de que alguna de ellas, sobre todo las más chicas, podrían desaparecer.

Lo que piden en concreto es una flexibilización. Fuentes cercanas al asunto señalaron que desde el Central hubo una buena recepción a los pedidos pero que en Reconquista 266 aún lo están analizando. En el organismo monetario, no obstante, hubo silencio y señalaron que “no hay ninguna novedad al respecto”.

Los puntos de la controversia

Las fuentes allegadas señalaron el punto que exige a estas oficinas operar sí o sí con un representante suplente. “Puede leerse en el exterior como una traba, porque mucha de estas oficinas son muy pequeñas, incluso trabajan con un máximo de dos personas en algunos casos, con lo cual elevaría el costo de las casas matrices”, explicaron. Como alternativa se planteó al BCRA la figura de un consultor externo.

Otro de los puntos que marcaron es que desde el Central se exigen certificados del país de origen para acceder a toda la información relacionada con la labor de supervisión de las oficinas. Desde las instituciones lo entienden como una regla excesiva porque “en la práctica no está todo detallado con certificados y documentos”. Se pidió al BCRA que en última instancia si los certificados no se pueden conseguir en el tiempo delimitado, la posibilidad de gestionarlo con otros bancos centrales del país de origen de la oficina para que colaboren.

A su vez, apuntaron contra un punto vinculado al anterior que exige certificados e información de cualquier tipo de operación que haga la casa matriz directamente en el país, aún sin pasar por la oficina de representación. “Es un punto que está relacionado con el secreto bancario”, dijeron. Se pide que sólo se incluya aquella información en la que interviene efectivamente la oficina de representación.

Los tres puntos son entendidos como restricciones excesivas que trabarían de alguna manera la actividad. La preocupación pasa porque la permanencia de algunas oficinas, según dijeron, dependen de una mayor flexibilización de estas normas. Y a su vez, porque estas entidades funcionan como un canal más para la financiación externa de empresas locales, mediando con la casa matriz.