Por ESTEBAN RAFELE - Los ministros de Economía y banqueros centrales del Grupo de los 20 países industrializados acordaron el fin de semana continuar con las políticas de estímulo para salir de la crisis global y efectuar revisiones colectivas para evitar posibles desequilibrios ocasionados por las intervenciones de los Estados. Pero lo más molesto para la Argentina es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones multilaterales jugarán un rol clave, como compiladores de información sobre las economías nacionales. Eso obligará a que, según quedó establecido, el Fondo deba controlar las cuentas argentinas antes de que termine enero del año próximo.

El documento elaborado por los países del G–20 en St Andrews, Escocia, el sábado último, establece un Marco para el crecimiento fuerte, sustentable y balanceado. Los Estados firmantes –entre ellos, la Argentina– adoptarán políticas de acuerdo a esos objetivos. Antes de que termine enero, deberán establecer políticas nacionales y regionales, programas y proyecciones económicas, que serán controladas por el propio G–20. Para ello contará con la ayuda del FMI y el Banco Mundial, entre otras instituciones, que compilarán los datos de los países.

No aceptar la revisión pondría al país fuera del principal grupo, que define la nueva política económica mundial.

“No se trata de la revisión del artículo IV; es una revisión más global, que apunta a controlar desequilibrios globales”, explicó una fuente. El mecanismo, contó, consta en acercarle información a los organismos multilaterales para que éstos la analicen, aunque las decisiones serán tomadas en última instancia por el G–20.

El rol del FMI es motivo de discusiones entre los países del G–20. Los Estados desarrollados buscan darle un protagonismo que países emergentes, como la Argentina, rechazan. Lo admitió el sábado el ministro de Economía Amado Boudou, en conferencia de prensa. Contó que el documento final habla de “colaboración y análisis” del Fondo y no de “supervisión y asesoramiento” por la insistencia del país y de Brasil.

El ministro mantuvo en Escocia conversaciones informales con el director gerente del Fondo, Dominique Strauss–Kahn, pero no hubo acuerdo sobre la postergada revisión de cuentas contemplada en el artículo IV de la carta del FMI, que la Argentina no permite desde 2006.

Sin embargo, la Argentina sí deberá permitir que el organismo multilateral audite la marcha de la crisis y de las medidas contracíclicas tomadas por el Gobierno. No hacerlo ocasionaría problemas dentro del G–20 a comienzos de año, en momentos en que el país intente regresar a los mercados voluntarios de deuda, algo que sucederá en el primer trimestre, según confirmó Boudou. Pero la búsqueda de desequilibrios globales –cómo la medida de un país afecta a otro– parece menos conflictiva que el artículo IV. ¿Cómo afectaría a un tercer país la intervención del Indec y la distorsión del Índice de Precios al Consumidor?

Aunque esta revisión tampoco tiene que ver con la demandada por el Club de París para acordar la salida del default con ese organismo. Boudou desestimó pagar los u$s 6.500 millones de deuda con un bono y dijo que se buscan soluciones que dejen afuera la venia del FMI.

En tanto, el G–20 avanza en medidas tendientes a evitar nuevas crisis financieras del calibre de la última en un futuro. Strauss–Kahn dijo ayer a la agencia Reuters que se analiza la creación de un seguro para que los bancos se cubran en caso de necesitar futuros rescates, una idea promovida por el presidente del Banco Central, Martín Redrado, entre otros.