Por NATALIA DONATO - La decisión adoptada por el Gobierno de elevar los montos de las indemnizaciones del sistema de Riesgos de Trabajo puso en alerta a todos los empresarios, que volvieron a unirse por una causa común: el firme rechazo a la medida y el reclamo urgente a las autoridades para que resuelva de una vez por todas, mediante un proyecto de ley, el problema de la litigiosidad, que esta norma no soluciona.

Así, los sectores del comercio, la construcción, los bancos, la industria, la Bolsa y hasta el campo advirtieron que el decreto 1694, publicado la semana pasada, “incrementa los costos laborales, agrava el acuciante y creciente problema de la litigiosidad y pone en riesgo a miles de empresas y sus fuentes de trabajo”, según el comunicado firmado por la UIA, la Cámara de Comercio (CAC), de la Construcción (CAC), la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos de Capital Argentino (Adeba). La Asociación Empresaria Argentina (AEA) adhirió posteriormente al texto. La Sociedad Rural Argentina (SRA), en tanto, dictó su propio comunicado en la misma línea. “Entre sus efectos más negativos, se destaca un notable incremento de los costos laborales y, contrariamente a lo que se había argumentado, incentiva la industria del juicio como resultado de un aumento de los litigios, al mantener la doble vía como posibilidad de accionar”, afirmó la entidad que preside Hugo Biolcati.

La SRA se quejó además de haber sido “excluido de las negociaciones”, pese a que “sufrirá las consecuencias de estos cambios” y aseguró que, incluso, “quienes fueron invitados a discutir las modificaciones no están conformes con los resultados obtenidos”.

En este sentido, los otros sectores señalaron que lamentan que “luego de cinco años de negociaciones no se haya arribado a una solución consensuada para resolver un problema clave que hace a la supervivencia de las empresas, principalmente de las Pymes”. Es por ello que exhortaron al Gobierno a “generar las modificaciones normativas necesarias para fortalecer el sistema de riesgos de trabajo” a fin de “proteger efectivamente a los trabajadores, brindar horizontes previsibles a la producción y evitar la artificiosa litigiosidad contra las empresas”.

El decreto publicado la semana pasada contempla, entre otros puntos, una suba de 150% de las prestaciones únicas –que se pagan en los casos de incapacidades graves–, la eliminación del tope de $ 180.000 y el establecimiento de un piso –de $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad–. Estos incrementos implicarán una suba, aún no calculada, del costo del seguro, según advirtió la Unión de ART (UART), por lo que la queja empresaria radica en que deberán pagar más por la prima sin tener la garantía de que no habrá más juicios civiles.

Necesidad política

Frente al anuncio del decreto, que no logró el consenso de las partes, el empresariado confirmó lo que venía advirtiendo desde el último año: que el Gobierno favoreció los reclamos de la CGT en detrimento de la voluntad del establishment, coincidieron varios directivos consultados por El Cronista. “Nos convocaron, pidieron nuestro consenso y luego sacaron el decreto como querían. Esto no beneficia a los trabajadores, sino a la industria del juicio”, remarcó un industrial, quien remarcó: “Se ve que les interesa quedar mejor con la CGT”.

“Más que enojo, es una nueva frustración. La gente de Moyano –titular de la central sindical– y Tomada –Carlos, ministro de Trabajo– hacen siempre lo que quieren”, afirmó otro empresario de la UIA, cuya Junta Directiva se reunirá hoy para debatir este y otros temas de preocupación.

La lectura que realizan los empresarios de esta actitud oficial es que el Gobierno necesita de la CGT para construir poder y mostrarse más fortalecido, ante el actual escenario de turbulencia política e inestabilidad social. Según los dirigentes, esta estrategia muestra a las claras la debilidad del kirchnerismo.