El modelo económico que fortaleció el kirchnerismo está por encontrar sus límites, lo que obligará al Gobierno a modificar su política en términos que serán "más gravosos para el sector social que dice defender", según la conclusión de lo expuesto ayer por los economistas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en una nueva edición de su conferencia anual.

Daniel Artana; Fernando Navajas; Juan Luis Bour; Marcela Cristini y Santiago Urbiztondo, todos economistas de esa fundación, analizaron la situación fiscal; la de los precios internos, de la infraestructura y los servicios y la previsional antes de arriesgar ese diagnóstico no sin aclarar que la Argentina no se encamina a una "crisis tradicional" (lo hizo Artana) dado que el positivo escenario mundial consolidado para las materias primas crea las condiciones para que pueda evitarla, aunque deberá enfrentar situaciones límite en varios sectores.

Sin embargo, por la mañana Sebastian Edwards, ex economista jefe del Banco Mundial para América latina, había advertido que por su situación política y conflictividad social, la Argentina no está bien posicionada para sacar provecho de la recuperación de la economía mundial como sí lo están, en la región, Brasil, Chile, Colombia y Perú, pese a la "labor extraordinaria" desarrollada por el Banco Central (BCRA), según destacó. "Mientras no haya un compromiso político la Argentina no va a poder aprovechar su potencial", sostuvo Edwards, que agregó que mejorar la calidad educativa será un punto clave.

Respecto de los factores más conflictivos, mencionó las internas políticas, ya que "crean incertidumbre". Las decisiones de inversión, agregó, requieren de "seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y certeza en las reglas de juego".

Para los economistas de FIEL, las limitaciones a las que se enfrenta el modelo son consecuencia del agotamiento de los que llamaron los "beneficios de la maxidevaluación" de 2001/2002. A estos se agregan las políticas oficiales que provocaron una grave distorsión en los precios relativos. La combinación de factores hace que las políticas fiscal, de precios e infraestructura aplicadas resulten "insostenibles", coincidieron Artana, Navajas y Cristini.

Cristini analizó la situación de la canasta de consumo de los argentinos para mostrar que, pese a que el Gobierno hizo público su objetivo de defender la mesa de los argentinos, en realidad los precios de alimentos y bebidas crecieron en los últimos cuatro años un 5,6% por encima del promedio de la inflación (la medida por FIEL y calculada para el período en 70,7%) "pese a los controles de precios y el cierre de las exportaciones".

En este sentido, Cristini advirtió que el desfase con los precios internacionales (los de los granos son los únicos que le ganaron a la inflación internacional en el período) y las restricciones que comienza a mostrar la oferta de carnes, lácteos, trigo y maíz harán que los consumidores deban enfrentar en algún momento los costos de esta situación como el propio Gobierno ya le transfiere a los usuarios del gas residencial por la importación del gas que ya falta por los desincentivos para la exploración.

Tomando en cuenta esta situación, Cristini alertó que "del 20 al 40 por ciento de la población se encuentra en condiciones de vulnerabilidad alimentaria", situación que se puede agravar por la desinversión en productos claves para la canasta argentina.

Navaja repitió un dictamen similar para el sector energético como resultado de la política de subsidios "inequitativa que se sostuvo y ya se revela insostenible". "El único precio relativo que manejaron relativamente bien fue el del tipo de cambio. Pero hasta esos beneficios ya se agotaron", señaló, antes de calificar al atraso tarifario del sector como "el mayor de nuestra historia contemporánea".