Por: Daniel Santoro - Una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encuentra en el país para hacer una evaluación de la lucha contra el lavado de dinero en la Argentina.

Los evaluadores internacionales se están reuniendo con funcionarios del Gobierno, de la Justicia, del Congreso, los bancos y otros sectores para producir luego un informe en el que se decida si el país está cumpliendo con los compromisos asumidos en el GAFI.

La Argentina tiene una ley contra el lavado desde el 2000 pero recién puso en marcha una Unidad de Información Financiera (UIF) en el 2002, que es el organismo encargado de recibir reportes de actividades financieras sospechosas y enviarlos a la Justicia. La UIF depende del ministro de Justicia, Julio Alak.

En principio, el Gobierno y la Justicia están en mora con el objetivo de tener condenados por este delito: no hay un solo sentenciado en el país.

De los reportes de actividades sospechosas (ROS) que la UIF envío al fiscal especial Raúl Pleé, "sólo 27 llegaron a la Cámara Federal porteña", destacó un informe del Centro de Información Judicial (CIJ). Aunque la cantidad de ROS de la UIF, que preside Rosa Faluto, aumentó en los últimos años, luego de una reestructuración decidida por el antecesor de Alak, Aníbal Fernández.

Desde la Justicia, Pleé ha dicho que el problema es hay que mejorar la ley y considerar al lavado "como un delito autónomo y no como encubrimiento de otro delito".

Ahora, habrá que esperar varias semanas para conocer el informe de los expertos del GAFI que se van mañana.

En caso contener elementos negativos haría más negativo el clima para invertir a la Argentina, entre otras desventajas.