El Gobierno utilizará los $ 9.500 millones enviados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Derechos Especiales de Giro (DEG) para cubrir parte de sus gastos. También se utilizará la renta del ahorro previsional y la ganancia del Banco Central. Aun así, no alcanzará para cubrir los $ 24.278 millones de mayores gastos autorizados por la administración de Cristina Fernández.

De acuerdo con un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) dado a conocer ayer, el decreto 1801 publicado el martes en el Boletín Oficial amplió autorizaciones de gastos corrientes y de capital por $ 24.278 millones y calculó mayores recursos por

$ 20.820 millones, lo que provocará un déficit financiero de $ 3.457 millones, cuando el presupuesto original era de equilibrio.

Los refuerzos en las autorizaciones de gastos fueron destinados a atender las remuneraciones del personal ($ 4.700 millones); intereses de la deuda pública ($ 3.880 millones); el Fondo Federal Solidario ($ 3.300 millones); jubilaciones y pensiones ($ 2.730 millones); subsidios al transporte y al sector energético ($ 1.830 millones y $ 1.130 millones respectivamente); pago de asignaciones familiares, incluyendo las destinadas a implementar la ‘asignación universal por hijo‘ ($ 2.860 millones); los programas sociales ( $ 1.300 millones) y los programas de vivienda y obras públicas ( $ 700 millones aproximadamente).

Los ingresos

Por el lado de los ingresos, la medida contempla los $ 9.595 millones de los Derechos Especiales de Giro (DEG) remitidos por el FMI; $ 5.250 millones correspondientes a intereses derivados de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema de Reparto administrado por la ANSeS; $ 3.474 millones de incremento de recursos provenientes de las contribuciones a la seguridad social y $ 2.376 millones de utilidades del Banco Central (BCRA).

De esta manera, “el resultado financiero presupuestado para el corriente ejercicio disminuye en $ 3.457 millones, lo que representa una caída del 38% respecto del resultado financiero inicial”, afirma ASAP en su informe. Sin embargo, dice el comunicado, como $ 3.880 millones de los nuevos gastos son intereses de la deuda, el resultado primario se incrementa en $ 423 millones.

El decreto que amplia el gasto incluye a su vez mayores aplicaciones financieras por $ 21.224 millones, principalmente para: constituir distintas inversiones administradas por la ANSeS, dentro de las cuales se destaca el financiamiento de proyectos productivos o de infraestructura ( $ 11.774 millones), la devolución de adelantos transitorios del BCRA ( $ 4.188 millones) y la amortización de la deuda pública ( $ 2.305 millones). Según el informe de ASAP, “si a la caída del resultado financiero se le suma el incremento en las aplicaciones financieras, las fuentes financieras deben cubrir $ 24.681 millones”.

La medida incluye nuevas fuentes, como $ 14.241 de incremento en la colocación de deuda por parte del Tesoro, $ 6.025 millones por venta de títulos y valores y $ 3.500 millones por recupero de inversiones financieras por parte de la ANSeS.