Por Jorge Oviedo - En un nuevo intento de cerrar el año sin tener que reducir los gastos, el gobierno de Cristina Kirchner se apoderó de $ 2000 millones más que corresponden a las provincias, para solventar gastos del presupuesto nacional. De este modo, la deuda con los Estados del interior se elevó a $ 9000 millones, ya que la suma capturada y no distribuida ascendía a $ 7000 millones.

El dinero es administrado por el Ministerio del Interior y está asignado a las provincias por la ley de coparticipación federal y sus modificatorias. Esa suma puede ser repartida discrecionalmente por el Ministerio del Interior, pero lo que no puede hacer es quedársela. En realidad, el Gobierno ha estado entregando pagarés al Ministerio, tomando prestados los recursos, que no distribuyó desde el inicio de su gestión.

De este modo, hay una deuda flotante, que se renueva e incrementa. Un decreto de Cristina Kirchner dispuso ahora que el Ministerio del Interior le preste el dinero al Tesoro nacional, pero a título gratuito. El decreto es el 1837 y fue publicado ayer en el Boletín Oficial.

La medida muestra las urgencias fiscales que el Gobierno tiene, y que está recurriendo a aumentar el endeudamiento interno para poder financiarse y continuar sus políticas sin tener que reducir los gastos.

La norma apareció en el Boletín Oficial dos días después de que un decreto de necesidad y urgencia ampliara en más de $ 24.000 millones las partidas del presupuesto 2009. Ese gasto se financia en gran parte echando mano al aumento de la cuota del Fondo Monetario Internacional y tomando recursos de la Anses como préstamos.

Con estas variaciones, y si se cumple el pronóstico de disminución de los recursos tributarios que hizo la propia Secretaría de Hacienda, el gobierno del matrimonio Kirchner terminará el ejercicio 2009 con déficit fiscal, que incluso podría ser superior a los $ 20.000 millones.

Los fondos tomados a las provincias se suman a otras recolecciones similares realizadas sobre recursos del PAMI y de otros organismos que tienen partidas con asignación específica. Como no se disponen gastos en esas dependencias, el Gobierno toma prestados los excedentes líquidos y de ese modo obtiene el financiamiento que, en particular durante el presente año de crisis internacional, los mercados no le dieron.

Las dependencias quedan entonces como acreedoras del Tesoro, que obtiene recursos financieros para poder sostener erogaciones en alza, como las compensaciones del déficit de Aerolíneas Argentinas o los subsidios para contener las tarifas de gas, electricidad y transporte.

La norma utilizada en este caso es un decreto simple, puesto que el Gobierno no dice apropiarse de los recursos, lo que significaría cambiar el destino que les asignan las leyes, sino tomarlos prestados con el argumento de que están ociosos. En gran medida se trata de la renovación de una deuda, puesto que la mayor parte de los $ 9000 millones mencionados han sido tomados en el transcurso de los ejercicios anteriores, conforme se fueron recaudando.

En el cierre del presupuesto 2008, por ejemplo, se hizo un manejo parecido. La norma tampoco invoca la emergencia económica ni dice que se esté pasando por alguna situación de urgencia o excepción.

La captura de los fondos con asignación específica se intensificó este año, conforme la recaudación crecía de manera nominal a un ritmo significativamente inferior al de los gastos.

El Gobierno, además, para mostrar que durante el presente año tendría un superávit de $ 9000 millones subestimó fuertemente los gastos al elaborar el presupuesto. El "blanqueo" de los verdaderos gastos, sumado a la imposibilidad de reducir la partida de subsidios a la energía y el transporte incrementando las tarifas, llevaron a utilizar el dinero del FMI y a tomar prestados los fondos de la Anses. El decreto además reconoce que el Tesoro no tiene el dinero para devolver los recursos que tomaron prestados en ejercicios anteriores.

El financiamiento interno ha sido lo que le ha permitido al Gobierno mantener un ritmo de alza del gasto público que supera el que registró la recaudación tributaria en los últimos ejercicios. De este modo, el gasto medido como porcentaje del producto bruto ha llegado a los niveles más altos de la historia.

De todas formas, también es cierto que una buena parte del gasto estatal reemplaza parte del gasto privado, como ocurre con los subsidios a los consumos de servicios públicos.

En el caso de los aportes del Tesoro nacional (ATN), se trata de recursos que provienen de la coparticipación y que corresponden a las provincias. Sin embargo, es el Ministerio del Interior el que los recibe y tiene la facultad de asignarlos de manera discrecional. Lo que no puede hacer es quedárselos o entregárselos a alguien que no sean las provincias, lo cual sería ilegal.

Durante las dos presidencias de Carlos Menem hubo enormes debates por el modo en que la cartera política distribuía los recursos, favoreciendo, por ejemplo, según muchos, a La Rioja, por encima de otras provincias más grandes. Ese uso podrá ser políticamente discutible, pero no es ilegal.

Tampoco parece ser ilegal que Interior se demore en distribuir los recursos, puesto que las normas parecen no poner una fecha determinada para que les sean entregados a quienes son sus legítimos destinatarios.

Y los gobernadores, aunque a alguien pueda resultarle sorprendente, no han realizado reclamos por esta clase de "préstamos", que se repiten desde hace años.