Por Jorge Oviedo - El descalabro de tarifas públicas causado por las políticas de subsidios y congelamientos casi interminables no sólo les habría quitado el invicto a los Kirchner en materia de superávit fiscal, ya que las cuentas de este año cerrarían en rojo. Además, mantienen a varias compañías a punto de entrar en default, como pasó con Autopistas del Sol. La situación es muy peligrosa para los grupos internacionales, ya que podrían recibir castigo en sus filiales en otros países a causa de una cesación de pagos en la Argentina.

Mientras la Presidenta anunciaba una suerte de plan canje para un "camión argentino o del Mercosur", en el sector energético muchos se preguntaban de dónde saldrá el gasoil para un parque de automotores pesados en crecimiento y una demanda de electricidad creciente, que no puede ser atendida quemando gas en las centrales térmicas.

No sólo eso. En 2012 todos los nuevos camiones pesados deberían estar equipados con motores de última generación, que requieren el gasoil más refinado que se produce en el planeta y que en la Argentina se importa en su totalidad y es significativamente más caro que las versiones de menor calidad. ¿Quién garantiza que habrá suficiente combustible en todo el país y que los transportistas podrán pagarlo con las tarifas de transporte vigentes? Es la pregunta que se hacen algunos empresarios. Los analistas presupuestarios coinciden en que el Estado no tiene margen para conceder más subsidios.

¿Habrá que postergar la entrada en vigor de la exigencia de modernizar los motores y respetar el medio ambiente? En todo caso, el camión argentino o del Mercosur y su plan canje tendrían también costo fiscal. "Hugo Moyano está detrás de un proyecto de instalación de una armaduría china para producir una unidad en San Juan", dicen ejecutivos que conocen las negociaciones,

Las urgencias fiscales restan credibilidad también a algunas iniciativas del Gobierno. La idea de reconocer la tarifa que haga falta para pagar la construcción y financiación de represas hidroeléctricas ha generado dudas. Porque se trata apenas de una resolución y no parece haber recursos estatales para subsidiar esas tarifas ni tampoco para aplicárselas a los usuarios.

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