Desde el 2003, cuando el peronista Néstor Kirchner fue electo presidente, el Gobierno estatizó la mayor concesionaria de agua potable y saneamiento básico del país, Aguas Argentinas, la empresa de correos y telégrafos, líneas de ferrocarriles y la compañía de bandera Aerolíneas Argentinas.
Bajo el Gobierno de Cristina Fernández, esposa y sucesora de Kirchner y quien asumió en el 2007, fue intervenida la Transportadora de Gas del Norte (TGN) TGN.BA, empresa que transporta gas a alta presión, y recientemente Autopistas del Sol AUS.BA, que opera el principal acceso vial a la capital de la nación sudamericana.
"Hay una propensión del Gobierno a avanzar sobre el sector privado y en el caso particular más preocupante es el de las concesionarias de servicios públicos", dijo Manuel Solanet, presidente de Infupa, consultora especializada en finanzas corporativas.
Las empresas "han estado sometidas a congelamientos de precios y a cambios en contratos de concesión que las han descapitalizado y las han llevado a situaciones de quiebra", agregó.
En el mercado se especula que la distribuidora de gas Metrogas MET.BA, que advirtió recientemente sobre sus problemas financieros, correría la misma suerte.
"Si sigue esta tendencia, el Estado va a tener que asumir el costo porque estas empresas dan trabajo a mucha gente o son servicios públicos esenciales. El Estado va a terminar subsidiando", dijo Solanet.
EL experto consideró que el avance estatal sobre las empresas sólo se verá limitado por los problemas de caja del Estado tras la virtual extinción del ahorro presupuestario después de años de robustos superávits.
El Gobierno decidió intervenir Autopistas del Sol luego que la empresa incumpliera el pago de una deuda por unos 9 millones de dólares, en un caso similar al de TGN.
Las empresas, con deudas en dólares e ingresos prácticamente congelados en pesos, habían contraído las acreencias durante la década de 1990, cuando en Argentina regía un sistema de paridad uno a uno entre el peso y el dólar.
Muchos ven la intervención estatal como una antesala de la nacionalización de las compañías, tal como ocurrió con Aerolíneas Argentinas el año pasado, que ahora está en manos del Estado y enfrenta pérdidas de unos 1.000 millones de dólares anuales.
Las empresas concesionarias de servicios públicos vienen enfrentando crecientes problemas financieros por retrasos tarifarios o congelamientos, forzados por el Gobierno, que quiere evitar presiones sobre una ya elevada inflación que no reconoce oficialmente.
SECTORES DIFERENCIADOS
La política oficial, de todos modos, no afectó del mismo modo a los diferentes sectores: mientras las telefónicas logran una alta rentabilidad, empresas que proveen otros servicios enfrentan dificultades financieras.
"Sectores como el gas y el agua son mucho más dependientes de la tarifa o de las decisiones regulatorias. La empresa de agua vive de la tarifa, la concesionaria vial la única forma que tiene de obtener ingresos es con el peaje", dijo Oscar Aguilar Valdez, abogado del estudio Beccar Varela.
"Las características técnicas y económicas de lo que es el mercado de las telecomunicaciones, que está en permanente evolución, permite soportar estas medidas de forma distinta", agregó.
Según las leyes argentinas, los servicios públicos pueden ser entregados en concesión a una empresa para que lo explote y el Estado se reserva del derecho de rescindir el contrato, pero si no puede probar que tiene motivos para quitar la adjudicación, debe pagar la compensación que exija la justicia.
"En este país tenemos un montón de demandas iniciadas por incumplimiento de tratado de protección de inversiones que tramitan ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial) donde el Estado argentino ya tuvo varias sentencias en contra", dijo el abogado Pablo Hourbeigt, experto en derecho administrativo.
"Si bien aún no ha efectivizado los pagos que corresponden va a tener consecuencias económicas. En algún momento va a tener que hacerse cargo de esos recuperos que hizo", agregó.