Por MARIANA PRADO - Con economistas y consultoras privadas que estiman una inflación de entre 17% y 20% para 2010, de la mano de una lenta recuperación económica que traerá aparejadas nuevas pujas salariales, el Gobierno volverá a apelar a los polémicos esquemas de acuerdos de precios.

Acostumbrado a lidiar con el sector productivo, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aparece una vez más como el encargado de llevar adelante una modalidad que se instaló en el primer mandato de los Kirchner, cuando el alza de precios de los productos de primera necesidad se tornaba imposible de contener.

En esa ocasión, comenzaron a sentarse en la mesa de negociación los rubros más sensibles para el bolsillo de la clase media. Cuestionados en voz baja desde los sectores involucrados y tildados de fracasos por varios economistas, analistas y asociaciones de consumidores, el esquema de control de precios renació hace apenas un par de semanas, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el entendimiento con laboratorios, para reducir 30% el valor al público de 600 medicamentos, hasta julio próximo.

También fueron convocadas las principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas para lanzar las tradicionales canastas navideñas, que percibirán un aumento de precios máximo del 8%, respecto de las comercializadas en diciembre de 2008. Según lo acordado, se podrá acceder a estas canastas desde $ 11,29 hasta $ 99, de acuerdo con los artículos, calidades, marcas y cantidades que contengan.

Pero los comercializadores no son los únicos en recibir los insistentes llamados de Moreno. Productores de frutas, verduras y hortalizas del Mercado Central atienden al funcionario una vez a la semana, a quien le informan y actualizan sobre sus listados de precios.

Y se supo que en sus habituales reuniones de los viernes con los frigoríficos, el súpersecretario les pidió una lista de cortes populares de carne vacuna a bajo precio para volcar a las góndolas de los supermercados en la previa a la Fiestas.

La metodología es fuertemente criticada por entidades defensoras de consumidores. Es que sostienen que, antes de firmar acuerdos de precios, “el Gobierno debe detectar dónde está la inflación y dónde se da la distorsión”, para atacar la enfermedad y no sus síntomas. Cuestionan también que los acuerdos no se cumplen y que las empresas han desarrollado distintas estrategias para eludirlos, como lanzar al mercado el mismo producto en un envase de menor capacidad o retrasar las entregas.

Desde los sectores industriales también se critica con fuerza a este tipo de “acuerdos”, que son más bien imposición. Es que argumentan verse imposibilitados de mantener estables los precios, en un escenario en el que suben los valores de los insumos y de los costos laborales.

Tanto la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), como la Liga de Acción del Consumidor (Adelco) y el Centro de Educación al Consumidor (CEC) coinciden en plantear un panorama de incertidumbre para el mediano plazo.

Si bien el Gobierno puede echar mano a los acuerdos de precios, explican que el mayor problema estriba en que se cumplan. La titular del CEC, Susana Andrada, dijo que “no tiene sentido lanzar un acuerdo con un listado de 400 productos sobre un total de 10.000 que consume la clase media”, y estimó que los precios “se van a seguir regulando con la oferta y la demanda”.

“Empezamos 2010 con fuertes aumentos de precios. Va a ser un año difícil, con subas en transporte, comisiones bancarias, colegios, prepagas, seguros de autos, taxis y servicios públicos, que afectan principalmente a la clase media”, puntualizó.

En cuanto a las mayores preocupaciones que muestra la clase media, Andrada señaló el aumento de precios de los alimentos, de los lácteos y de la carne. “Hay un desmantelamiento del sector cárnico, mientras cierran los tambos”, alertó.