Por Pablo Wende - Tal como adelantó Ámbito Financiero, ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto presidencial que autoriza la emisión de nueva deuda bajo legislación norteamericana. Se trataba del paso que faltaba para que el Ministerio de Economía complete la documentación de la reapertura del canje de bonos en default ante la Securities and Exchange Commission, la autoridad de regulación norteamericana.

El monto autorizado a emitir por parte de Cristina de Kirchner llega a u$s 15.000 millones, una cifra que excede largamente lo que involucraría de manera concreta el canje con los «holdouts». De hecho, si se calcula que la deuda en default asciende a unos u$s 20.000 millones de valor nominal y que por estos títulos entregarán nuevos bonos Discount con un descuento del 66%, la cifra sólo llega a poco menos de u$s 7.000 millones. Claro que hay que agregar los nuevos títulos que también se entregarán para compensar los intereses vencidos entre 2005 y 2009 y los últimos tres pagos del cupón PBI. Además, el Gobierno procura incluir en la transacción un nuevo bono de u$s 1.000 millones. Y por supuesto está la idea de efectuar nuevas colocaciones de deuda en el mercado voluntario internacional si se consigue un alto grado de aceptación del canje.

Ahora la Secretaría de Finanzas, que dirige Hernán Lorenzino, debe pulir los últimos detalles para enviar la propuesta final a la SEC y solicitar permiso para la emisión de esta nueva deuda. Se estima que el visto bueno final no llegaría antes del 15 de enero. Recién en ese momento podrá comenzar formalmente el proceso de renegociación.

Ayer se conocieron tres decretos: uno de ellos promulga la suspensión de la «ley Cerrojo» hasta el 31 de diciembre de 2010. Otro autoriza la emisión de nueva deuda por u$s 15.000 millones y el tercero formaliza el contrato con los tres bancos que actuarán en la operación: Barclays quedó con la figura de coordinador global, mientras que Citi y Deutsche serán los colocadores. Allí se establece que la Argentina pagará una comisión casi simbólica (menos de 3 millones de pesos), por lo que los bancos le cobrarán directamente a quienes ingresen en la operación, lo que reducirá al menos marginalmente el valor de la oferta.

El decreto 1953/09, que dispone la emisión de nueva deuda, también indica que deberá «preservarse la inembargabilidad en forma expresa» de distintos bienes, entre ellos: las reservas internacionales, los bienes que estén situados dentro o fuera de la Argentina que estén destinados al suministro de un servicio público esencial y aquellos bienes con derecho a los privilegios e inmunidades establecidos en el tratado de Viena, por ejemplo embajadas y los recursos manejados en el exterior por las mismas. Se trata, obviamente de un reflejo de la enorme cantidad de embargos sobre bienes argentinos que efectuaron en los últimos años fondos «buitre» ante el juez neoyorquino Thomas Griesa.

El objetivo del Gobierno es conseguir el mayor grado de aceptación posible respecto de la deuda que aún está en default. Aunque públicamente Amado Boudou señaló que se conforma con el 60%, el objetivo de Economía es alcanzar, y en lo posible, superar el 75%. De esa forma, habrá quedado menos del 6% de los bonos que originalmente entraron al default en esa situación. Si ello sucediera, es más que probable que el juez Griesa determine el levantamiento de los embargos que aún pesan sobre el país.

La negociación más ardua será con los bonistas italianos, que conservarían entre u$s 3.000 y u$s 4.000 millones. Como se trata de pequeños ahorristas, no resultará sencillo conseguir que cada uno de ellos dé su aprobación en forma individual para participar en la transacción.

Aún no hay fecha, pero en las próximas semanas el equipo económico efectuará un road-show por los principales destinos en los que hay «holdouts», en particular Italia, Alemania y los Estados Unidos.