Por Adrián Ventura - El Gobierno está intensificando las presiones contra los medios audiovisuales y contra Papel Prensa, pero comienza a encontrar en el camino un obstáculo: hay jueces e instituciones centenarias que no están dispuestos a dejarse avasallar.

El 7 del actual fue un mal día para el Gobierno. Hubo dos hechos: uno, el fallo del juez civil y comercial Edmundo Carbone, uno de los jueces más antiguos y experimentados del fuero, que, dentro del marco de una medida cautelar, suspendió la aplicación de la ley de medios e hizo una fuerte defensa del derecho de propiedad.

Pero ese mismo día, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, recibía otra mala noticia, esta vez sobre Papel Prensa.

Moreno había pedido un informe a la Bolsa de Comercio sobre la empresa que produce papel de diario y que cotiza en Bolsa, un informe que aguardaba para poder ratificar su denuncia, dos días después, en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky. Esta entidad había realizado una inspección sobre la empresa y no encontró irregularidades. Lo que Moreno nunca imaginó fue que la Bolsa, que conduce Adelmo Gabbi, le contestaría con un informe de cinco páginas de una solidez técnica irrefutable.

El documento, que lleva la firma de Gabbi, sostiene que según la legislación vigente la sustanciación de las actuaciones dentro de la Bolsa se encuentra amparada bajo estricto secreto, en defensa de la transparencia del mercado. Pero había aún algo más. Moreno hizo desembarcar en Papel Prensa a muchos funcionarios oficialistas de la Sindicatura General y de la Comisión Nacional de Valores (donde también estaría trabajando, en forma extraoficial, su mujer) y pretende considerar a Papel Prensa como si fuera una empresa pública, pero la Bolsa de Comercio le recordó que la empresa opera bajo el régimen de sociedades comerciales privadas. Sin elementos negativos, Moreno no pudo ratificar la denuncia y el juez Aguinsky la archivó.

Moreno, disgustado, habría comentado a los ejecutivos de la Bolsa la intención de eliminar la autorregulación del mercado de capitales, es decir, declarar su defunción.

La Bolsa de Comercio, con su presidente, Adelmo Gabbi; los jueces Aguinsky y Carbone, anteayer; la jueza de la Corte, Carmen Argibay, criticando al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, defendiendo una semana atrás el derecho de propiedad: el Gobierno comienza a advertir que el poder tiene límites.