El ministro de Economía, Amado Boudou, y el presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, quedaron ayer imputados en una causa judicial que investiga la anunciada utilización de reservas para pagar los vencimientos de deuda pública de 2010 por parte del Gobierno.

El fiscal federal Luis Comparatore impulsó una denuncia para dilucidar los alcances del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2010/09, a través del cual la presidenta Cristina Fernández dispuso destinar u$s 6.569 millones al fondo de garantía y pidió al juez federal Daniel Rafecas la imputación de ambos funcionarios.

Comparatore se hizo eco de una denuncia presentada por el ex diputado Mario Cafiero, el abogado Ricardo Monner Sanz y Daniel Llorens, a quien el fiscal llamó a declarar como testigo. Y pidió a Rafecas una serie de medidas para dilucidar cuál fue la responsabilidad de los funcionarios. Entre otras cosas, el fiscal solicitó que “se requiera de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia que remita la totalidad de los antecedentes relacionados con el DNU 2010/09”; y también a “la Sindicatura General de la Nación que informe si previo al dictado” de esa norma “se efectuaron consultas al organismo referido o existen allí antecedentes sobre esta materia”, indicaron fuentes judiciales a la agencia DyN.

La denuncia efectuada por los particulares considera que se incurrió en un “flagrante abuso de autoridad” al disponer de los recursos del Central para esta “insensata y demencial política financiera”. Además, alerta que el decreto autoriza al Ejecutivo a disponer del total de las reservas de libre disponibilidad (unos u$s 18.000 millones) y no sólo de las que se emplearon para constituir el fondo. Así, “se profundiza notablemente la insolvencia del BCRA, dado que sus activos líquidos podrían disminuir a u$s 30.000 millones de dólares, mientras que sus pasivos corrientes suman actualmente u$s 70.000 millones”, asevera la denuncia. “La estabilidad monetaria quedará así a merced de un puñado de banqueros, al depender de la decisión de estos el renovar la deuda del BCRA, o provocar una corrida cambiaria y bancaria como la que deflagraron en 2001”, concluye.

El Cronista consultó a voceros de Economía y el Central, pero no obtuvo respuestas sobre la citación judicial. En tanto, la Secretaría de Finanzas trabaja en la reglamentación del fondo de garantía. En el Palacio de Hacienda suponen que las denuncias no tienen aún entidad suficiente como para dilatar su instrumentación.

Ayer también presentó una recurso de amparo el bloque Pro, con el objetivo de frenar la confección del fondo con reservas. El jefe de la bancada, Federico Pinedo, recordó que los DNU “requieren el control inmediato del Congreso según la Constitución, por lo que pedimos que se suspenda la vigencia de la medida hasta que se pueda reunir el Parlamento”. Hoy, la oposición intentará avanzar en la confección de la comisión bicameral de revisión de los DNU y el empleo de reservas es uno de los temas centrales que plantearán(ver aparte).

Ambas denuncias se suman a presentada el lunes por la provincia de San Luis ante la Corte Suprema.