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| Intervendrá la Corte en el uso de reservas |
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31/12 - 11:19 Ambito Financiero |
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| La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar ayer a la acción de amparo presentada por el Gobierno de la provincia de San Luis, que reclamó que se declare la inconstitucionalidad del decreto de Cristina de Kirchner que autorizó utilizar reservas del Banco Central para pagar vencimientos de la deuda de 2010.
En una acordada conocida ayer, el máximo tribunal definió que era competente para actuar en el caso y dispuso habilitar «días y horas inhábiles» de la feria judicial para comenzar con las presentaciones. En este marco, el cuerpo requirió al Ejecutivo un informe sobre los puntos objetados del decreto por parte de San Luis, que deberá entregar en un plazo de 10 días.
La Corte, sin embargo, aclara en su acordada que «en virtud de la complejidad y las cuestiones comprometidas, el Tribunal continuará su estudio luego del receso correspondiente» al mes de enero. La resolución fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena
Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
El martes pasado, la fiscal de la Procuración General de la Nación, Laura Monti, había dictaminado que el planteo de San Luis «corresponde a la competencia originaria de la Corte», ya que «la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales (las de San Luis y las del Estado nacional) es sustanciar la causa en esta instancia originaria».
La presentación de San Luis -impulsada por el ex ministro de la Corte Suprema y apoderado de esa provincia, Rodolfo Barra- objeta el decreto de necesidad y urgencia 2010/09 con el que la Presidente autorizó la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, y argumenta que éste se realizó «sin previa autorización y sin reintegrarlo a la masa coparticipable de las provincias, lo que afecta al poder delegado por éstas en el Congreso de la Nación».
El escrito también señala que de esta manera el Ejecutivo «somete a los ciudadanos a cargas tributarias sin soporte legal válido previo» y que esta medida provocará el efecto conocido como «impuesto inflacionario». Según el Gobierno de San Luis, éste es un «modo espurio de imponer cargas tributarias sobre la población».
En la acción de amparo también se solicita que se declare la inconstitucionalidad de «la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 419/09 que lo aplica, como así también de la Ley Nacional 26.563, que prorroga la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2011».
El fondo creado a partir del decreto objetado estará constituido por u$s 6.569 millones de las reservas del Banco Central. Para la provincia que gobierna Alberto Rodríguez Saá, ese dinero ya había sido debatido por el Congreso en la Ley de Presupuesto, y el decreto fue dictado «sin pre-via autorización» ni había urgencia para hacerlo. |
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