| | Por: Enrique Szewach - En los países que funcionan desde el punto de vista macro, la política fiscal se encarga de compensar fluctuaciones bruscas del ciclo económico, y la política monede maximizar el crecimiento económico, sujeto a que la tasa de inflación se mantenga controlada (esto para los países que pasaron por el drama de la Gran Depresión, como los Estados Unidos). O, simplemente, a mantener bajo control la tasa de inflación, independientemente del nivel de actividad (esto, para países o regiones que pasaron por el drama de la hiperinflación, Unión Europea, la Argentina). En otras palabras, desde la macro, la política fiscal tiene que tener la capacidad de ser anticíclica, contraer en las buenas y expandir en las malas, y la política monetaria cambiaria, tiene que tener la capacidad de generar estabilidad de precios, defendiendo el valor de la moneda y manejar, desde el punto de vista cambiario, los eventuales shocks externos.
Es bajo este paraguas que debe analizarse la actual crisis institucional entre el Ejecutivo y el Banco Central.
En buen romance, el problema central es que la política fiscal, por expansión del gasto, ya que la recaudación -si bien con impuestos altamente distorsivos, regresivos y mal repartidos- está en su máximo, está en crisis. Como la Argentina tiene el mercado voluntario de capitales cerrado o «muy caro», la «solución» a esta crisis fiscal, es echar mano de los «stocks» acumulados en fondos varios (ANSES, PAMI, AFIP, cambiar destinos de Fondos Fiduciarios al margen de la ley, etc.) y ahora, limitados o agotados esos mecanismos, explicitar el uso de reservas del Banco Central, que ya se estaban usando indirectamente, con la emisión de pesos derivada de adelantos transitorios, distribución de utilidades y otros mecanismos «legales», para pagar deuda u otros gastos (el dinero es fungible).
Prohibición
Pero sucede que, para usar esas reservas de esta manera, hay que violar, en forma ostensible, la Carta Orgánica del Banco Central que prohíbe, explícitamente, este tipo de operaciones.
Y, al parecer, el directorio del Banco Central -recuerdo que el presidente del Banco tiene un solo voto o, como máximo dos, en caso de empate- no está dispuesto a violar la ley, tan cerca del fin de mandato de Kirchner, con la oposición tan activa y, eventualmente, un Poder Judicial que empieza a ser más independiente, en algunos casos.
Esto sin considerar que al expandir el concepto de «reservas excedentes» a cualquier tipo de pago de deudas, cualquier acreedor podría presentarse ante el juez Griesa y decirle: «Su señoría, esos dólares que tiene el Banco Central son reservas excedentes para pagar todo tipo de deudas, definidas así por el Gobierno argentino. Yo soy tenedor de una deuda impaga de ese Gobierno, por favor, ordene el embargo de esas reservas en dónde estén, porque yo tengo tanto derecho, como cualquier otro acreedor a cobrar».
Pero además de un problema «legal», hay un problema macro. El gasto público ha tomado tal inercia que la política fiscal se expande en las malas, en las buenas, en las regulares y ha dejado de tener capacidad operativa para controlar el ciclo económico. Al usar al Banco Central como mecanismo de financiamiento del gasto público, la política monetaria ha dejado de tener capacidad de estabilizar y defender la moneda. No por casualidad tenemos hoy una tasa de inflación que, al menos, triplica la de los vecinos. La suma de ambos fenómenos ha destruido el modelo de «tipo de cambio real alto» y ya nos hemos «comido» la maxidevaluación de 2002. Sólo mantenida, hoy, por la revaluación del resto de las monedas contra el dólar.
En este contexto, si finalmente el DNU no se aprueba, o éste o el nuevo directorio del Central no quiere ir preso, la alternativa no es el default. La alternativa será el uso de la liquidez excedente en el sistema bancario. Con más inflación -emitiendo para cancelar Lebac- y con deterioro creciente de la calidad de los activos del sistema financiero que respaldan los depósitos.
¿Cuánto hay disponible en el sistema financiero, sin generar una explosión de la tasa de interés y una expulsión del sector privado del crédito? Probablemente, un número similar al del Fondo del Bicentenario 7.000-8.000 millones de dólares. A eso se le sumarán más usos de fondos de la ANSES o cualquier otra «caja» que ande por allí.
Pero el punto clave, con vistas al próximo período presidencial, es que la Argentina se ha quedado sin política fiscal y sin política cambiaria y monetaria. Y la solución no es, precisamente, cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, dominar el Congreso, o tener jueces amigos. |
|
|
Recomendar
Imprimir
Nota:
Haga click sobre la noticia o novedad que desea ver