Por: Walter Curia - El principal déficit del último semestre de los Kirchner sigue siendo la incapacidad de adaptación al nuevo tiempo político de la Argentina. El cambio de escenario producido el 28 de junio ha sido simplemente ignorado. Asistimos a un ejemplo reciente de este desconocimiento de las cosas el día de la jura en Diputados, el 3 de diciembre pasado, cuando Néstor Kirchner intentó imponer en la Cámara una mayoría de la que ya no disponía durante la designación de autoridades. Incluso antes de su conformación, llevó a su bloque a una crisis desconocida. Una foto lo sorprendió esa misma noche demudado en su banca, cuando los hechos se habían impuesto. Kirchner alguna vez ha reconocido que aspira a pasar a la historia como un reformista. Deberá defender esta aspiración con lo que ya ha hecho, poco o mucho. La obstinación amenaza condenarlo de otro modo a un mal recuerdo.

Analicemos el desarrollo de este conflicto que concluye con la remoción, ayer, de Martín Redrado de la presidencia del Banco Central. El Gobierno recurre al uso de las reservas de libre disponibilidad de esa entidad para garantizar, como ha dicho y corregido varias veces, el cumplimiento de los compromisos externos de este año. La medida es cuestionada de inmediato por izquierda y derecha -se destinan más recursos para pagar deuda; se ignora la autarquía del Central y el creciente aumento del gasto público-, pero la decisión no difiere mucho de la que tomó Kirchner en diciembre de 2005, cuando canceló la deuda con el FMI en medio de la aprobación (casi) general. Lo que cambió entre una medida y otra es el contexto.

La decisión le llevó al Gobierno 25 días, contados desde la firma del decreto de necesidad y urgencia de la Presidenta que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario por el desendeudamiento y la estabilidad, una denominación que se demostró infeliz. Debió enfrentar en ese período varias presentaciones judiciales; la indefinición, por falta de mayorías, sobre la validez de la norma en una comisión bicameral del Congreso; la impugnación de un gobernador de provincia; un pedido de informes de la Corte Suprema de Justicia sobre el uso de las reservas y la desobediencia abierta del presidente del Banco Central.

La remoción de Redrado por la vía del decreto, en contradicción con un artículo de la Carta Orgánica del Banco, completa la larga saga de costos que paga el Gobierno. ¿Dónde sino en los mercados internacionales, a los que se buscaba en última instancia persuadir de la solidez fiscal de la Argentina, impacta más la salida de Redrado del Central? Alcanza con echar un vistazo a la lista de llamados que recibió en estos días el hasta ayer presidente de la autoridad monetaria. O a las portadas de los diarios extranjeros, no sólo los financieros.

"El principal costo político habría sido que Redrado siguiera en el cargo", repuso al razonamiento de este cronista un ministro que llegó ayer de apuro desde la costa para acompañar la firma del decreto presidencial. La réplica es incuestionable: el Gobierno no podía permitirse convivir a lo largo del mes, hasta un pronunciamiento del Congreso, favorable o no, con un presidente del Central que cuestione la dirección de la política económica. El daño que desde allí le podría infligir reduce a Julio Cobos al papel de opinador. Redrado no podía ignorar esto cuando prometió inmolarse.

La autonomía de los bancos centrales es una cuestión de voluntad incluso para el mundo desarrollado. Se ha visto en los Estados Unidos y Europa, durante las reuniones del Grupo de los 20 a las que asistió la Presidenta, y el propio Redrado, en medio de la crisis financiera internacional. Las crisis toleran excepciones. La pregunta es entonces si lo que ha llevado al Gobierno a este punto es la inminencia de una crisis fiscal.

La Presidenta recurrió a las reservas como lo había hecho en el pasado Néstor Kirchner. Más cerca en el tiempo, el matrimonio apeló a los multimillonarios fondos de las AFJP, una medida de carácter estratégico que terminó por desvirtuarse; a reformas en el Presupuesto para asegurarse recursos de organismos oficiales disponibles en el Banco Nación; a adelantos del mismo banco; a una ampliación de capital dispuesta por el FMI en el marco de la crisis. Una montaña de dinero destinada a sostener el gasto público y, por lo que se advierte, al servicio de un proyecto político.

Será resultado de una inseguridad estructural, pero Néstor Kirchner lleva más de dos décadas en la función pública y no ha aprendido a gobernar sin una billetera abultada. Resulta el equivalente perfecto a su ignorancia de cómo gobernar sin mayorías.