La jueza María José Sarmiento puso ayer paños fríos al apuro oficial al convertir en un juicio ordinario (sin carácter de urgente) el conflicto planteado por el uso de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda y por la remoción del titular de esa entidad, Martín Redrado, luego restituído en su cargo. Lo hizo al firmar en la mañana de ayer una resolución de pocas líneas, cuya consecuencia más inmediata es que deja en suspenso la creación del Fondo del Bicentenario y la remoción del funcionario.

Con la medida adoptada ayer, la jueza -a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo 11- hizo lugar a un pedido de los dirigentes de la Coalición Cívica y el PRO, que la esperaron en el juzgado ayer a primera hora de la mañana. Ahora, ambas partes tendrán un plazo de cinco días para presentar los fundamentos de las apelaciones.

Fue la primera medida judicial adoptada por Sarmiento, una jueza de larga e impecable trayectoria en la Justicia, luego de que -el sábado- denunciara un intento de intimidación del Gobierno que puso un patrullero de la Federal toda la mañana en la puerta de su casa, y la siguió con el móvil cuando fue a la casa de una amiga. La actitud fue duramente criticada por la Asociación de Magistrados que habló de "un nuevo avasallamiento" a la división de poderes.

La medida adoptada ayer por la jueza, que dilata los plazos del procedimiento y ya recibió críticas del Gobierno, podría llegar apelada a la Cámara en lo Contencioso Administrativo recién la semana próxima, cuando cambie la composición actual del tribunal que parece favorecer a la Casa Rosada. Esa es, al menos, la especulación que se maneja en el ambiente judicial para tratar de explicar el zafarrancho procesal cometido el sábado por el Gobierno, al presentar la apelación en el domicilio de un camarista, Carlos Grecco, cuando la misma debería haber sido presentada directamente ante la jueza Sarmiento ayer a primera hora, o el fin de semana, si los abogados hubiesen pedido -como establece el procedimiento- la habilitación de días y horas inhábiles.

Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció ayer la existencia de "una formidable maniobra no solamente política, sino mediática, con ayuda de algunos sectores judiciales", para obstaculizar la gestión del Estado, y volvió a defender el uso de reservas monetarias para pagar deuda pública (ver página 5). La embestida presidencial ocurrió pocas horas después de que trascendiera que la Presidenta escuchó varios argumentos acerca de que los acreedores internacionales podrían embargar las reservas del Banco Central, si finalmente prospera la creación del Fondo del Bicentenario, dispuesta el 15 de diciembre a través de un decreto de necesidad y urgencia.

En otro capítulo del mismo conflicto, el juez federal Norberto Oyarbide habilitó ayer la feria judicial y dio intervención a la Fiscalía para que opine si corresponde iniciar una causa penal contra Redrado, a quien el Gobierno denunció por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", y separó de su cargo por medio de otro decreto de necesidad y urgencia, cuando su estabilidad depende de una decisión del Congreso.

En relación a la medida adoptada ayer por la jueza Sarmiento, anoche, el jefe de Gabinete Aníbal fernández anticipó en la sala de prensa de la Casa de Gobierno que el Gobierno ya había apelado la decisión de la jueza (ver "El Ejecutivo...)

En medio de la crisis desatada por el decreto sobre los fondos del Banco Central, la Corte Suprema, a través de un vocero, hizo saber el domingo que -más allá de su preocupación sobre el tema y la crisis institucional que provoca- no le corresponde al tribunal intervenir en los planteos de recursos de amparo, sino recién cuando exista una sentencia definitiva que llegue apelada ante esa Corte.

Ayer, la jueza evitó hablar con la prensa sobre la resolución que había firmado, que fue publicada en la página oficial del Centro de Información Judicial (CIJ). Por su parte, Redrado acudió a trabajar en su despacho, desde donde prometió que seguirá "cuidando y protegiendo las reservas que son de todos los argentinos", pero evitó referirse a la posibilidad de embargo sobre el Fondo del Bicentenario por parte de "fondos buitres".

Además de la apelación que recibió Sarmiento de manos de una prosecretaria de la Cámara, el abogado de Redrado presentó un escrito ante la misma jueza por las supuestas "irregularidades" cometidas por el Gobierno al llevar las apelaciones a la casa de un camarista, el sábado. Ese día, y al enterarse de que uno de sus superiores había recibido la apelación, la jueza aseguró que -de todas formas- ella lo iba a tratar recién el lunes a primera hora en su despacho, como ocurrió ayer.