Por Silvia Stang - Entre enero y febrero, las tarifas de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) tuvieron un incremento del 41,7% promedio. Los ajustes impactaron en alrededor de la mitad de los contratos del seguro laboral -concretamente, en los que tuvieron vencimiento de su vigencia en esos meses- y, según las compañías, fueron dispuestos para hacer frente a las nuevas indemnizaciones del sistema. Los pagos compensatorios para los trabajadores accidentados o enfermos por causas laborales -o para sus familiares, en caso de muerte- mejoraron significativamente a principios de noviembre último, por un decreto del Poder Ejecutivo.

Según los datos aportados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las firmas de servicios son las que tuvieron las subas más pronunciadas, aunque siguen siendo las que pagan las alícuotas más reducidas. En estas firmas, el costo promedio mensual por empleado pasó de $ 39,8 a 50,4, tras una suba del 45 por ciento.

Para el conjunto de las empresas, la tarifa promedio pasó del 2,7 al 3,8% de los salarios, lo que implica un pago de $ 156,3 por trabajador.

En la industria, el alza llegó al 43% y el costo por empleado, a $ 158,6, en tanto que la cifra llega a $ 208,80 para el sector que, por sus riesgos, abona la mayor tarifa: la construcción, que tuvo un ajuste del 42 por ciento.

Los aumentos del costo del seguro provocaron en los últimos días quejas de la Unión Industrial Argentina (UIA). En un comunicado, la entidad manifestó que las alzas, "de entre un 30 y un 50% y que en algunos casos llegan al 100%", impactan en la "competitividad y en el empleo". También se insistió en la necesidad de una reforma amplia de la ley de riesgos, algo que se sostiene desde mediados de 2004, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucionales algunos artículos clave de la norma en vigor, lo que generó una alta litigiosidad.

El presidente del Departamento de Política Social de la UIA, Daniel Funes de Rioja, puntualizó que, de acuerdo con los datos recibidos en la entidad, las ramas fabriles más afectadas son la metalmecánica, la textil y la alimenticia. Y afirmó que la situación impacta con más fuerza en las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con los registros de la Superintendencia, mientras que en las empresas de hasta 40 empleados los aumentos fueron de entre el 37,2 y el 37,7%, los índices resultaron en rigor más elevados en firmas más grandes, que llegaron hasta el 53,5% en las que emplean a más de 5000 personas. Claro que la brecha de precios es elevada: en el primer grupo de empleadores, la alícuota es siempre superior al 5% de la masa salarial -y mayor al 7%en las firmas que tienen hasta diez trabajadores-, mientras que en las compañías más grandes el índice llega al 1,5 o 1,6 por ciento.

Según explicaron en la Unión de ART (UART), como el decreto eliminó el tope para las indemnizaciones por accidente, los ajustes tienden a ser más fuertes en empresas con salarios más elevados, en general, grandes firmas. De todas formas, en el extremo de los sueldos más bajos influye el hecho de que se haya dispuesto un piso para las compensaciones (ver los cambios en el gráfico).

Las autoridades de la UART afirmaron que las aseguradoras absorbieron en noviembre y en diciembre los mayores costos sin trasladarlos a los precios y que en muchos casos lo siguen haciendo. En la entidad agregaron: "Sólo un grupo minoritario, de menos del 1% de las empresas, está recibiendo un aumento mayor al 80%, debido a la distribución salarial de su nómina y a la siniestralidad".

Más de la mitad de las firmas, según datos oficiales, recibieron ajustes del 30 al 40 por ciento.

Según dijo el superintendente, Juan Horacio González Gaviola, no hubo alzas fuera de las fechas de vencimiento de los contratos de las ART con las empresas, porque eso no fue autorizado. Los datos del organismo de regulación muestran que las alzas llegaron hasta ahora a 273.675 contratos, el 54,6% del total.

El decreto 1694 fue dictado luego de que fracasaran los intentos por encontrar un consenso entre empresas y sindicatos por una nueva ley de riesgos, que, según lo previsto, se trataría este año en el Congreso.