Por Mariana Verón - El forzado silencio de anteayer de todo el Gobierno tras la estrepitosa derrota parlamentaria en el Senado se transformó con el correr de las horas en una bronca difícil de contener. A las 8.30 de ayer, desde la quinta de Olivos, se ordenó el operativo para poner en marcha la cadena nacional. "Va a responderle a la oposición", fue toda la información que recibieron en la Casa Rosada.

El durísimo discurso de la Presidenta, en el que al mediodía cargó contra la oposición y la Justicia, lejos estuvo de ser producto de una repentina verborragia presidencial. Fue una estrategia estudiada que la jefa del Estado decidió con Néstor Kirchner anteanoche, y que puso en práctica lo antes posible.

Con el correr de las horas, en los despachos oficiales comenzó a palparse anoche algo de tranquilidad después de que varios dirigentes políticos salieran a pedir calma y serenidad para evitar que se agravara la crisis institucional que derivó del nuevo decreto de necesidad y urgencia firmado por Cristina Kirchner para pagar con reservas del Banco Central parte de la deuda pública.

"Había que salir a dar un mensaje fuerte ante tanto avasallamiento", confió un funcionario a LA NACION, satisfecho con la estrategia. En los despachos cercanos al de la Presidenta, creen que es beneficiosa la comunicación a través de la cadena nacional, modalidad que Cristina Kirchner ya usó reiteradamente para acaparar la atención.

La advertencia de incumplir la medida judicial que trabó ayer el uso de las reservas y las medidas que tome el Congreso en los próximos días estarán seguidas por una nueva oleada de resistencia del Gobierno.

Casi sin voz, agotada después de una semana por demás agitada, Cristina Kirchner decidió desde ayer refugiarse en El Calafate junto a su marido. Antes, dejó clara una orden a todo su gabinete: el Gobierno resistirá cualquier embate, y ya comunicó que vetará la modificación que se propone el Congreso sobre la distribución del impuesto al cheque.

El primer punto en el que se centrará a partir de ahora la Casa Rosada será evitar que la oposición le arrebate cerca de 10.000 millones de pesos que representan, en los cálculos del Gobierno, lo que recauda por las transferencias financieras.

"De ninguna manera vamos a permitir que a esta altura del año y con un presupuesto ya aprobado la oposición desfinancie al Estado", sostuvo un colaborador de Néstor Kirchner. Lo mismo ratificó un funcionario con despacho en la Casa Rosada: "El Gobierno vetará cualquier modificación a la recaudación".

Sucede que el Senado ya avanzó anteayer con un dictamen del plenario de tres comisiones para aprobar, posiblemente la semana próxima, un proyecto del senador socialista por Santa Fe, Rubén Giustiniani. De concretarse, la iniciativa obligaría al Gobierno a ceder a las provincias un porcentaje de lo recaudado.

"En este escenario, no queda otra alternativa que vetar este tipo de proyectos", planteó una fuente oficial, al tanto de la orden presidencial de resistir cualquier intento de "cogobierno" opositor, como llaman oficialmente a las iniciativas del arco antikirchnerista.

Además, en los despachos oficiales recordaban que, para poder dar vuelta un veto presidencial, la oposición necesitará la aprobación de los dos tercios de cada cuerpo, un número que la Casa Rosada cree que le será imposible conseguir.

Un asesor de trato habitual con el ex presidente confió a LA NACION que si el Congreso avanzara con la coparticipación del impuesto al cheque sería más grave que la decisión de quedarse con la mayoría de los miembros en todas las comisiones del Senado. "Nosotros creemos que no es opinable dentro del presupuesto la posibilidad de bajar impuestos. Eso es, directamente, desfinanciar al Estado", manifestó una alta fuente oficial.

Otra resistencia que ayer dejó en claro la Presidenta, antes de partir rumbo al Sur, es mantener a Mercedes Marcó Del Pont al frente del Banco Central, a pesar de que la semana próxima el Senado podría rechazar su pliego.