Por Paz Rodríguez Niell - Una nueva causa judicial avanza contra el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Martín Redrado, acusado de haberles provocado un perjuicio a las arcas públicas de más de 5000 millones de pesos con la compra de bonos en el mercado secundario.

El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó ayer un requerimiento de instrucción para que se investigara, además de a Redrado, a cualquier otro funcionario que hubiera participado de la supuesta adquisición irregular de títulos. Por lo pronto, la denuncia que originó este expediente alcanza también al actual vicepresidente de la entidad, Miguel Angel Pesce, y a todos los miembros del directorio.

La causa se inició a principios de febrero, con una presentación de los diputados Claudio Lozano, Fernando Solanas, Eduardo Macaluse y otros legisladores de izquierda que acusaron a Redrado y a quienes avalaron sus decisiones de haber violados sus deberes de funcionarios públicos.

Según los denunciantes, en el período 2008-2009 el BCRA compró en el mercado secundario títulos públicos por más de $ 11.000 millones, pagando los precios máximos de la jornada, concentrando las operaciones en los bancos Mariva y Macro (señalados como amigos del Gobierno), y sin coordinar la operación con el Ministerio de Economía, lo que hubiera permitido financiar al sector público.

Una fuente allegada al BCRA durante el período investigado dijo ayer a LA NACION que la denuncia no tiene sustento técnico porque todas las operaciones se hacen por "pantalla ciega" de computación, lo que impide saber a quién se le están comprando los títulos hasta después de confirmada la operación, y afirmó que se trata de adquisiciones monitoreadas por auditores externos e internos que jamás advirtieron irregularidades.

No obstante, el fiscal duda de la transparencia de la transacción. Por eso, ayer le pidió al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, siete medidas de prueba. Entre ellas, que requiera un "detalle preciso de todas las compras de títulos que realizó el BCRA en el período cuestionado", que cite a declarar como testigo al secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y que investigue el movimiento de bonos del día que se concretó la operación.

Según Redrado, la compra que se le cuestiona se hizo "con la única finalidad de preservar la estabilidad monetaria y financiera". Así lo manifestó en una presentación que realizó ante el juez, en la que explicó quiénes eran los responsables de las operaciones dentro del BCRA y cómo funcionaba el sistema financiero en materia de compraventa de títulos.

"Es criterio del suscripto -advirtió ayer el fiscal- que esa explicación no basta por sí sola para desvirtuar la denuncia que motivara la intervención de esta parte, motivo por el cual habrá de impulsarse la acción penal a fin de iniciar una investigación para determinar si la conducta denunciada resulta penalmente reprochable."