Por Martín Kanenguiser - Mientras reza para que la Comisión de Valores de Estados Unidos bendiga el canje cuanto antes, el Gobierno ya preparó un mecanismo para asegurarse que los bonistas que entablaron un juicio en contra el país desistan de esa demanda.

Así lo explicaron anoche a LA NACION calificadas fuentes del Ministerio de Economía, que también reiteraron, como lo hacen cada semana, que "la aprobación de Estados Unidos está a punto de llegar".

Cuando presentó el canje el año pasado, el ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó que se asegurarían que los bonistas que ingresen al canje den de baja los juicios que entablaron contra el Gobierno, pero sin detallar cómo lo lograría.

Ahora se conoció que cada bonista deberá firmar individualmente, al intercambiar los bonos, una declaración en la que detalla si entabló o no una demanda. Y luego de que cierre la operación, el Gobierno chequeará ante los tribunales si cumplió con ese compromiso. "Se trata de un mecanismo que se usa bastante en las renegociaciones de deuda privada, pero que no se usó en el canje de 2005; el objetivo es minimizar los juicios posteriores a la operación que está por lanzarse", precisaron las fuentes.

Así, cuando cada fondo de inversión acepte sumarse al canje, deberá individualizar a sus clientes, una exigencia que podría generar dudas en aquellos que no declararon sus inversiones en bonos ante el fisco.

La intención final del Gobierno es reducir la cantidad de embargos en el exterior si concreta el canje para evitar complicaciones en los futuros pagos a sus acreedores.

Por otra parte, ayer el ministro estuvo casi todo el día reunido con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, para preparar los detalles de la oferta, de modo de poder lanzarla una vez que llegue la demoradísima aprobación de la Comisión de Valores de Estados Unidos.

En el mercado siguen afirmando que este trámite seguirá demorado por las dudas en torno de las cuestionadas estadísticas oficiales (ver aparte) y de las novedades en torno del uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda. Pero en Economía afirman que, luego de que ya pasaron tres rondas de preguntas y respuestas, sólo quedan "dos o tres detalles que serán respondidos a la brevedad".

La apuesta máxima de Boudou y Lorenzino es viajar pasado mañana a la cumbre anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se realizará hasta el martes en Cancún, México, con este aval regulatorio.

Si eso no ocurre, igualmente reforzarán allí el mensaje de que el canje sigue en pie y que el país está en condiciones de cumplir con sus compromisos de este año, aun si no vuelve al mercado voluntario. "Si termina de confirmarse el uso de las reservas por el fondo de desendeudamiento, mejor; si no, se volverán a usar fondos del sector público para cumplir con los pagos", indicó la fuente oficial.

Al respecto, si las tasas siguen siendo altas para emitir deuda, la intención es "exprimir" los fondos disponibles de la Anses, el Banco Nación y las utilidades contables del Banco Central de 2009, que superaron los 20.000 millones de pesos.

Los funcionarios se reunirán -acompañados por la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont- con bancos, fondos de inversión, clientes individuales y calificadoras que aprovecharán la reunión anual del BID para concretar negocios con los países latinoamericanos.

En Economía destacaron la conjunción de esfuerzos con el BCRA, "a diferencia de lo que ocurría en el pasado", durante la gestión de Martín Redrado, cuando todas las reuniones con los inversores se realizaban por separado.

Pese a todas estas certezas, calificados analistas siguen teniendo dudas sobre la puesta en marcha del canje. "Los precios de los bonos tienen incorporada la idea de que el canje se hace, pero a medida que pasa el tiempo, crecen las dudas", dijo un calificado observador.

En Economía confían en que los tres bancos que organizan el canje, liderados por Barclays, sumen una importante masa crítica, superior a los US$ 10.000 millones. Sin embargo, hubo rumores insistentes que indicaban que el Citi advirtió que dejaría su lugar por una pelea por las comisiones con la entidad británica.

• Pocas horas antes de una reunión crítica en la Facultad de Ciencias Económicas prevista para esta tarde, el Ministerio de Economía envió ayer una caja "repleta de planillas" a uno de los delegados de la UBA ante el consejo universitario que asesora al cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La intención oficial al enviarle la información a Enrique Zuleta Puceiro, delegado por Derecho, fue "tratar de descomprimir" el enojo que hay en la UBA con el Indec, que podría llevar a que Económicas proponga hoy dejar el consejo. Pero una fuente de la UBA dijo que "la caja estaba llena de información que ya es conocida".