Las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández, y de varios funcionarios oficiales, respecto de una eventual derogación del impuesto al cheque envalentonó al empresariado, que no esperó ni 24 horas para salir a comprometer al Gobierno sobre sus propios dichos. El sector de comercio y algunas cámaras pymes aprovecharon la oportunidad para recalcar que se trata de un tributo distorsivo que le quita más de $ 20.000 millones a la producción.

Pese a que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, relativizó la eliminación del gravamen, al precisar que “puede pensarse a partir del año próximo, en otro esquema impositivo”, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) expresó su apoyo al fin del impuesto por su carácter “regresivo y distorsivo” y porque “tiene un fuerte impacto sobre el simple movimiento de fondos de las empresas y particulares”.

La entidad que dirige Carlos de la Vega sostuvo que el gravamen “favorece la actividad marginal que compite en forma desleal con las empresas que operan en el sector formal de la economía”. Aun así, la CAC consideró que la derogación debe ser realizada de manera tal que no impacte abruptamente en la situación fiscal, ya sea mediante “progresiva reducción de sus alícuotas o a través de la admisión temporaria de su cómputo como pago a cuenta de otros tributos”.

También opinó al respecto la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que recordó que nació como pago a cuenta de IVA y Ganancias y su “objetivo estaba delimitado a recaudar a partir de la reducción de la evasión que se suponía generaría”. “El impuesto al cheque no tiene una base racional de tributación: se aplica sobre un mero movimiento bancario, es regresivo y repercute fuertemente en los costos empresariales”, subrayó la entidad que dirige Osvaldo Cornide, quien además remarcó que lo que se recauda por este impuesto debería destinarse a inversión y empleo.

Por su parte, los pequeños y medianos empresarios nucleados en APYME coincidieron en la necesidad de derogar el tributo y agregaron que “su eliminación plantea la necesidad de que el Congreso impulse en el futuro una reforma impositiva integral, que establezca nuevos gravámenes progresivos e impuestos a la renta financiera, al patrimonio, a las mineras, al juego, a las operaciones de bolsa, entre otras actividades que ha tenido vía libre a costa de la economía real durante décadas”.

A través del impuesto a los créditos y débitos bancarios, el fisco se queda con el 1,2% de cualquier operación con cheques y llega a recaudar más de $ 20.000 millones por año. De acuerdo con la proyección de la consultora Economía & Regiones, en 2010 el fisco recaudará por este concepto $ 24.774 millones. Sólo el 15% de estos fondos llegan a las provincias, razón por la cual se está dando un fuerte debate en el Congreso para coparticiparlo totalmente.

De acuerdo con un informe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, en 2009 las provincias dejaron de percibir $ 7.189 millones por el 70% del tributo que no se coparticipa y $ 2.004 millones por los ATN no distribuidos ese año. A su vez, cedieron $ 22.688 millones para financiar a la ANSeS, que en total representa 7% más que en 2008. Así, las provincias cedieron 2,9% del PIB en 2007 y 2008, y el equivalente a 2,7% del PIB en 2009. De todas maneras, el gobierno envió por fuera del sistema de coparticipación recursos a las provincias más afines políticamente.