La Argentina da, en estos años, una evidencia más para ese dicho popular: “La necesidad tiene cara de hereje”. Los artilugios y estrategias que muchos se vieron tentados a utilizar para salvar las cuentas de sus propias compañías de los embates de la crisis multiplicaron el fraude corporativo en el sistema financiero local, mucho más que en el resto de los países del mundo.

Los delitos económicos crecieron un 120% desde 2007 hasta hoy en los principales países de América Latina y costaron un promedio de u$s 675.000. Los datos surgieron de la última encuesta que la consultora PricewaterhouseCoopers elaboró a nivel global, sobre 54 países, y que incluyó a 271 empresas argentinas, brasileñas, mexicanas y chilenas.

La Argentina logró, también esta vez, ubicarse en los primeros puestos de la región. En nuestro país, el 38% de los encuestados confesó haber sido víctima de algún fraude corporativo en los últimos doce meses. Muy por debajo de México (51%), pero por encima de Brasil, (24%) y Chile (31%).

“El notable incremento del fraude en los estados financieros que muestra la encuesta de este año podría deberse a las presiones que sufren los directivos de las organizaciones para alcanzar objetivos financieros muy ambiciosos bajo el contexto de la actual crisis financiera”, consideró Samanta Rubio, gerente de Forensic Services de la consultora y responsable del área que estudia estos delitos.

En el reporte se consigna que la “malversación de activos” sigue siendo el fraude más frecuente a nivel empresarial, con un nivel de participación de 74%. Pero que los que en estos últimos dos años mostraron mayores avances fueron los de “lavado de dinero” y los de “soborno y corrupción”.

“Si bien la malversación de activos continúa siendo el tipo de fraude más frecuente a nivel empresarial, el fraude en los estados financieros estuvo presente en el 41% de las empresas encuestadas que admitieron haber sido víctimas de algún delito económico. Hace dos años, en cambio, sólo un 18% de las empresas habría sido afectado por esta situación”, agregó el estudio.

“Parece evidente -señaló Rubio- que cuando la supervivencia económica de la organización o del individuo están en juego, la línea que separa el comportamiento aceptable del inaceptable puede volverse borrosa para algunos individuos”.

Entre los datos más destacados que surgen del trabajo realizado por la consultora se revela que, en el 69% de las empresas encuestadas, los delitos fueron realizados por sus propios empleados. Y que el 92% fue cometido por la gerencia media y por empleados de menor nivel.

Además, el costo directo promedio que representó cada delito detectado fue de unos u$s 675.000, y los principales daños colaterales se reflejaron en la desmotivación de los empleados, en la imagen pública y en las relaciones de negocios.

“El trabajo que estamos presentando -dijo Rubio- muestra que las compañías deberían contar con un mayor conocimiento de los riesgos de fraude, monitoreo y desarrollo de controles, para descubrir y prevenir los delitos económicos, y en consecuencia minimizar los daños que podrían ocasionar”.

El 55% de las empresas encuestadas de América Latina reportó una disminución en los rendimientos financieros durante los últimos doce meses. Esto explicó el esfuerzo de las

organizaciones para adoptar medidas a corto plazo y contrarrestar el riesgo de fracaso empresarial, cancelando programas y proyectos con muy poca anticipación.